El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró hoy que el Decreto Supremo 3973 - que permite la ampliación de la frontera agrícola, para favorecer al sector ganadero y agroindustrial mediante el desmonte y la quema “controlada” de bosques- no es causante de los incendios que afectan hoy a la Chiquitanía boliviana.

En conferencia de prensa, Cocarico señaló que los desmontes en Santa Cruz están autorizados y regulados desde el año 2001, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, y que el Decreto 3973 únicamente amplía esa autorización al departamento del Beni.

“Se ha dicho que Evo (Morales) con sus ministros autorizan los desmontes en Santa Cruz y por eso hay un incendio, no es cierto que solo desde julio hay dementes en Santa Cruz, los desmontes están regulados desde el 2001 (…) Los medios, a raíz de informaciones sesgadas manejadas políticamente, han señalado que el culpable es el DS 3973, pero lo único que se ha hecho es ampliar al departamento del Beni”, dijo.

Cocarico, en ese sentido, justificó los desmontes en esas zonas ya que, dijo, que si no hubiera esa práctica el país podría quedarse sin alimentos en el futuro. “Tiene que seguir habiendo asentamientos, de lo contrario no vamos a tener alimentos en el futuro”, dijo.

Por otro lado, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras también reafirmó las sospechas del Gobierno respecto a que algunos puntos de calor fueron reactivados “deliberadamente” por “la derecha”.

“Extraña que cuando estamos peleando contra el fuego hay personas que van a quemar determinados lugares. Personas de la derecha quieren alargar la situación”, aseveró.

La Iglesia Católica, por un parte, y diversas instituciones técnico- científicas, por otra, emitieron diferentes comunicados en los que piden la declaratoria de emergencia y desastre por los incendios que afectan a la Chiquitanía boliviana y critican la aprobación del decreto 3973, que dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.