La Iglesia Católica, por un parte, y diversas instituciones técnico- científicas, por otra, emitieron diferentes comunicados en los que piden la declaratoria de emergencia y desastre por los incendios que afectan a la Chiquitanía boliviana y critican la aprobación del decreto 3973, que dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Por una parte, la Iglesia identifica al mencionado decreto como la principal causante de los incendios que afectan a la mencionada región cruceña y que ya han consumido más de medio millón de hectáreas de bosque.

“Nos parece irresponsable por imprudente el decreto supremo nº 3973 del gobierno nacional, del mes de julio pasado, mediante el cual se autorizan las quemas “controladas” de terrenos y el desmonte, pero no se articulan las medidas sobre las condiciones y mecanismos para el control efectivo de las mismas, lo cual favorece los chaqueos ilegales”, señala la Iglesia.

“El decreto es, además, temerario y evidencia el desconocimiento real de los fuertes vientos y de la sequía prolongada de esta estación en el oriente boliviano”, agrega.

En ese sentido, la Iglesia pide “a todas las autoridades y al gobierno nacional que destinen urgentemente los recursos necesarios para combatir el fuego y que gestionen con transparencia la ayuda internacional adecuada para que los afectados puedan recuperarse y para evitar que este desastre se torne incontrolable e irreversible”.

“Asimismo exigimos al gobierno nacional declarar las áreas de bosques afectados por el fuego como tierras de inmovilización, con pausa ecológica y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción, promoviendo sólo actividades de reforestación”, señala el comunicado.

Finalmente, la Iglesia también exige “revocar de inmediato las autorizaciones de desmontes y chaqueos” y, al mismo tiempo, “hacer una auditoría técnica de las autorizaciones realizadas que permita sancionar legalmente a los responsables de esta catástrofe amazónica”.

Por su parte, en un comunicado conjunto, 88 instituciones técnico- científicas coincidieron en responsabilizar al mencionado decreto como una de las causas de los incendios y exigen al Gobierno decretar estado de desastre para poder recibir ayuda internacional.

En ese sentido, piden la abrogación del decreto 3973 y solicitan al gobierno central, gobiernos departamentales y municipales, “dejar sin efecto la ampliación de la frontera agropecuaria en tierras no aptas para estos usos, asegurando las funciones ambientales necesarias para que estas tierras y territorios beneficien a toda la población actual y las futuras generaciones”.

Asimismo, llaman a la sociedad civil a defender los territorios indígenas y campesinos, “que aseguran la supervivencia de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas”.

También exigen “elaborar un programa de protección estricta para los Bosques Secos Chiquitanos, que conlleve acciones que permitan contribuir a la recuperación de la biodiversidad perdida en los incendios de esta gestión y minimicen la probabilidad de futuros focos de fuego, que se prevé serán incrementados por efecto del cambio climático y las actuales políticas de uso del suelo”.

En ese mismo sentido, piden implementar proyectos de restauración de los sitios quemados que considere su protección hasta una recuperación plena, “pues gran parte del problema de los incendios forestales llega luego que el fuego se apaga, tales como el cambio de uso de suelo impulsado por intereses particulares impidiendo la regeneración de los bosques”

Finalmente, pidieron identificar a los responsables por acción u omisión y aplicar las sanciones que correspondan.