Rubén Sánchez, el principal ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo señaló que su organización aceptó la decisión del Gobierno respecto a anular la retención de 20 centavos del peaje de la autopista La Paz – El Alto para un fondo Prosalud y aseguró que su sector “no desafiará” al presidente Evo Morales.

“No vamos a entrar a desafiar a nadie, peor si es nuestro hermano presidente Evo Morales”, dijo Sánchez, tras una reunión de Directorio, según reportó Erbol.

El dirigente de los choferes dijo que esa decisión afecta a su sector y responsabilizó a quienes generaron líos con el tema de los depósitos.

“El tiempo y la historia juzgará a estos compañeros”, agregó.

Manifestó que a la actual dirigencia se le ha “mellada la dignidad” con este caso, cuando en realidad sus antecesores deben responder por el dinero que manejaron.

Ayer el Gobierno anunció que por instrucciones de Evo Morales se dispuso anular el convenio referido a la retención de 0,20 centavos  en el peaje de la Autopista La Paz- El Alto por parte de Vías Bolivia para un fondo Prosalud a favor de los choferes.

El 5 de febrero, el diputado Wilson Santamaría (UD) denunció que de 2009 a 2017 la empresa Vías Bolivia transfirió Bs 11,9 millones a cuentas particulares de dirigentes de la Federación de Chóferes 1 de mayo para un fondo de salud.

Días después se reveló una posible malversación de esos fondos e, incluso, hubo hechos de violencia y represalias contra transportistas que exigen una rendición de cuentas.    

De acuerdo con el informe de Vías Bolivia respecto a los depósitos, Rubén Sánchez recibió 2,8 millones de bolivianos entre 2015 y 2017, mientras que Ismael Fernández (actual ejecutivo nacional) recibió 2,5 millones entre 2013 y 2015. Respecto al tercero, Vías Bolivia no tiene datos, pero el exdirigente Max Pérez sostuvo que René Vargas y Fortunato Sirpa manejaron 5,7 millones de bolivianos.

Por este mismo caso, choferes de tres sindicatos denunciaron a la dirigencia de la Federación por los delitos de presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y contribuciones y ventajas ilegítimas.