La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que Modifica la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, que legisla la creación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS), la ministra de Salud, Gabriela Montaño,explicó el alcance del proyecto y aseguró que su implementación es posible y sostenible. No se tomaron en cuenta las observaciones del Colegio Médico.

“Hoy sí podemos encarar esto porque nacionalizamos nuestros recursos, habiéndonos convertido en un país creíble para tener créditos internacionales, y para tener nuestros propios recursos del TGN (Tesoro General de la Nación) para invertir en hospitales, hoy sí podemos hacerlo”, afirmó Montaño.

Montaño reiteró que se invertirán 2.000 millones de dólares para implementar el SUS y aseguró que son suficientes los recursos humanos y la infraestructura para su implementación, pero que además se invertirá en medicamentos, insumos médicos y equipamiento. Precisó que el SUS iniciará con 1.200 prestaciones y que se llegará a la cobertura total progresivamente.

El proyecto de Ley amplia los servicios autorizados por la Ley 475, que cubría la atención médica de niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación y personas con discapacidad, la modificación beneficia a la población entre cinco y 59 años que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Según Montaño, aunque el grupo al que se beneficiará es muy grande, esto no colapsará la atención ya que los sectores más vulnerables son los menores de cinco años y los mayores de 60.

“A los 45 o 50 años una persona puede pasar años sin acudir al médico, pero más allá de los 60 años la curva de la vida vuelve a subir por el desgaste de las personas, lo cual quiere decir que nosotros en nuestro sistema de salud ya estamos atendiendo a esos dos sectores que son los más caros en atención en salud”, argumentó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, destacó que este seguro también cubrirá a los extranjeros en las mismas condiciones que son atendidos los bolivianos en los países con los que nuestro Estado tiene convenio, y que también beneficiará a los extranjeros cuyos países no tengan convenio de reciprocidad con Bolivia, en caso de que se trate de mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.