El canciller de Ecuador, José Valencia, precisó al Gobierno de Bolivia que ni el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, ni la exasambleísta Sofía Espín (exAP), son perseguidos políticos.

La aclaración se dio ante reportes de que Ochoa y Espín habrían pedido asilo político en el país.

“La Cancillería ha informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que ambos ciudadanos son buscados por jueces, acusados por delitos comunes; por tanto no sufren persecución política”, apuntó Valencia, reportó El Comercio.

En la víspera, la ministra del Interior, María Paula Romo, reveló los movimientos migratorios de Ochoa y Espín y apeló “al sentido de cooperación internacional, para que estas personas sean devueltas al país donde tienen procesos penales".

Durante una audiencia, el 24 de enero pasado, Ochoa quedó oficialmente procesado por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. La Fiscalía lo acusa de haber sancionado a medios de comunicación con la Ley de Comunicación adulterada.

Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, ordenó ese día prisión preventiva para el exfuncionario, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Además, solicitó la difusión de una alerta roja en la Policía Internacional (Interpol).

Espín, en cambio, tenía orden de prisión preventiva desde el 23 de enero pasado, luego de incumplir en dos ocasiones las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país. Ella fue destituida de la Asamblea el 13 de noviembre de 2018 y es investigada por oferta de tráfico de influencias.