El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, presentó una solicitud de informe escrito a cinco autoridades de Gobierno con el objetivo de conocer cuál fue su rol y cuánto fue el monto económico que el país gastó en la demanda marítima.

Las solicitudes de informe presentadas por el diputado opositor son para la ministra de Comunicación, Gisela López; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada; el canciller, Diego Pary; y el procurador, Pablo Menacho.

Ayer, tanto el presidente del Estado, Evo Morales, como el Canciller evitaron hablar de cuánto se gastó en la demanda marítima, después de que la corte Internacional de Justicia (CIJ) sentenciara, el pasado lunes, que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico con Bolivia.

En Bolivia, el dato de cuánto costó el proceso es confidencial, según el Decreto Supremo Nº 2698 promulgado por el Gobierno de Evo Morales el 9 de marzo de 2016; según el decreto, la Procuraduría General del Estado, puede contratar de forma directa los servicios especializados de consorcios jurídicos para la defensa legal del Estado, y los datos de la contratación son confidenciales, solo debe presentar los contratos a la Contraloría.