El Gobierno de Chile dio a conocer que defenderse de la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya le costó más de 24 millones de dólares en total. En Bolivia, el dato de cuánto costó el proceso es confidencial, según el Decreto Supremo Nº 2698 promulgado por el Gobierno de Evo Morales el 9 de marzo de 2016.

El Gobierno chileno ha gastado en estos cinco años de juicio ante la CIJ de La Haya la suma de 16.120.094.316 pesos, equivalentes a 24.447.351 dólares, según datos proporcionados por la Cancillería y consignados por La Tercera.

Según información oficial, los recursos destinados al juicio están presupuestados, en parte, en el programa del Ministerio de Relaciones Exteriores denominado Difrol (Dirección de Fronteras y Límites de Estado), cuyos objetivos son preservar y fortalecer los límites internacionales del Estado de Chile; asesorar al gobierno en todo lo relacionado a tratados y negociaciones; y formular, supervisar y aplicar el régimen especial de zonas fronterizas.

En Bolivia el costo del proceso se considera confidencial, según el Decreto Supremo 2698  que tiene por objeto autorizar a la Procuraduría General del Estado, la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados; sean nacionales o extranjeros y otros servicios especializados, para la defensa legal del Estado.

En su Artículo 5: "Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la precautela y defensa de los intereses del Estado".

El decreto también exime a la Procuraduría General del Estado del registro de sus contrataciones en el Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES, pero debe enviar los contratos firmados a la Contraloría General del Estado.

Ayer, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un salida soberana al mar.