El expresidente del Estado, Carlos Mesa, aseveró que no piensa renunciar a su puesto como vocero de la demanda marítima y anunció que realizará una “militante defensa” del 21- F, fecha en la que el 51% de la población voto por el no a la reforma de la Constitución para habilitar a Evo Morales a una nueva reelección.

“No voy a renunciar a ser vocero de la demanda marítima porque es un compromiso con el pueblo”, señaló.

No obstante, afirmó sentirse “dolido” porque el Gobierno enjuicie a su vocero de la demanda y dé la mano a empresarios chilenos, quienes recibieron 42,6 millones de dólares de parte del Estado boliviano.

Por otro lado, Mesa aseveró que el Gobierno busca enjuiciarlo por el caso Quiborax como una forma de hacer olvidar los resultados del 21- F, además de enterrarlo políticamente ya que lo ve como un posible adversario para las elecciones del 2019.

“El gobierno quiere que nos olvidemos del 21- F, pero Evo Morales no puede ser candidato (…) Mi compromiso es el de actuar de manera activa y comprometida en la defensa del 21- F”, aseveró.

En ese sentido, señaló que “no le seguirá el juego” al Gobierno, al anunciar o no una posible candidatura para rivalizar contra Morales, ya que, dijo, Evo no puede ser candidato el 2019.

“Lo que el Gobierno está tratando de hacer es electoralizar este momento político con un objetivo muy claro: que nos olvidemos del 21 de febrero (de 2016). Lo que el Gobierno quiere hacer es decir aquí vamos a definir quiénes van a enfrentarse políticamente en la elección de 2019, quiénes van a ser los potenciales rivales de Evo Morales Ayma, y el Gobierno asume, piensa que yo puedo ser uno de los rivales porque aparezco bien posesionado en las encuestas”, dijo.

“Lo que tenemos que hacer es defender de manera militante el 21- F”, agregó y advirtió que la democracia en Bolivia “está herida de muerte”.

Ayer, la Fiscalía General del Estado decidió aceptar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax y presentó un requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Según el procedimiento legal, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá autorizar el juicio de responsabilidades para que la Fiscalía General del Estado inicie la investigación del caso Quiborax.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.