La Fiscalía General del Estado decidió aceptar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa por el caso Quiborax y presentó un requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Según explicó el fiscal general, Ramiro Guerrero,  en conferencia de prensa, ahora lo que corresponde es que la Sala Plena del TSJ pase el requerimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y si esa instancia aprueba la apertura del proceso “recién empezará la etapa de investigación”.

“Lo que corresponde ahora, una vez que hemos presentado el requerimiento acusatorio al TSJ, es que esa instancia en su Sala Plena deberá remitirlo a la ALP, que deberá ponerlo en consideración del pleno y si ésta lo aprueba con dos tercios recién volverá al TSJ y es ahí dónde nos lo devuelven y ahí empieza recién el proceso de investigación”, señaló.

Guerrero señaló que durante los 30 días dados por ley para recabar datos y hechos que sustenten la aceptación o rechazo de la proposición acusatoria, la Fiscalía acumuló información suficiente y citó a declarar a los principales involucrados del proceso.

En ese sentido, recordó que cuando citó a declarar al expresidente Carlos Mesa, éste se negó a responder las preguntas del cuestionario y solo remitió a la Fiscalía a los memoriales que ya había presentado ante esa instancia.

Además, Guerrero evitó referirse a las denuncias interpuestas por Carlos Mesa respecto al proceso, como la falsificación de un documento que dio pie a la demanda de Quiborax.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.