El ex presidente Carlos Mesa rechazó la denuncia que la Procuraduría ha instaurado en su contra ante el Ministerio Público por la reversión de una concesión minera a la empresa chilena Non Metalical Mineral Quirobax. Considera que es una estrategia para desprestigiarlo y para evadir la responsabilidad por la “desastrosa negociación” que llevó a cabo el Estado.

Mesa indicó que las razones para la nacionalización de la empresa fue que ésta se negaba a dar información al servicio de impuestos nacionales y a la aduana nacional impidiendo o las auditorías impuestas por ley; porque hizo declaraciones fraudulentas sobre la explotación que realizaba de la ulexita, las cuales fueron demostradas por auditorías de Comibol y Sergeomin; y porque existía evidencia de daño económico al Estado y contravención a las normas de código tributario.

Señaló que él promulgó la ley 2564 que recuperó la reserva fiscal de la costra salina del Salar de Uyuni y el decreto 27589 que expulsó a la empresa; pero que éste fue derogado por deficiencias jurídicas por Eduardo Rodríguez Veltzé, quien, sin embargo, “con un impecable criterio patriótico mantuvo la expulsión de la citada compañía”.

Asimismo, Mesa calificó de “mentira flagrante” las declaraciones del Procurador, Pablo Menacho, que sostiene que la expulsión de Quirobax fue ilegal. Sostiene que en el propio documento que la Procuraduría presentó en el laudo arbitral está escrito que “Bolivia argumenta que el decreto revocatoria 27589 se adoptó sobre la base de la ley 2564 y no es ilegal”, y que “tanto el decreto de revocatorio como las declaraciones de nulidad de las concesiones siguen actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano antes las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)”.

Afirmó que Quirobax no invirtió más de un millón de dólares durante todo el tiempo que estuvo en Bolivia y que cuestionó que después del proceso Bolivia tenga que pagar 48,6 millones de dólares; señaló que la defensa de Bolivia “de principio a fin” corresponde a la gestión de Evo Morales.

Por último, señaló que la denuncia del Procurador se debe a un plan gubernamental para dañar su imagen. “Si el gobierno del presidente Morales cree que el uso de los órganos del Estado, bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca… con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, concluyó.