El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, se desligó de cualquier responsabilidad de un supuesto acto de corrupción vinculado al caso Lava Jato u Oderbrecht en Bolivia y respaldó la decisión de realizar una investigación respecto a ese tema en el país.

La aclaración de Mesa, mediante un artículo escrito en su blog, se da a raíz de que reportes de prensa señalaron que la carretera Roboré-El Carmen, salpicada por  sospecha de  presunta corrupción del caso Lava Jato, fue activada entre 2004 al 2006 por 10  decretos promulgados por él y por el también expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Además, hace tres días, el diario cruceño El Deber, con base en documentación del Ministerio de Justicia de Brasil, publicó que el caso de los grandes sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones conocido como Odebrecht o Lava Jato (lavado de autos) salpicó a Bolivia, además de otros seis países de Latinoamérica: Argentina, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala.

En su texto, Mesa aclara que durante su gestión emitió cuatro decretos para garantizar la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción en el departamento de Santa Cruz.

Sin embargo, asegura, “la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia” y agrega que “fue el Gobierno que nos sucedió el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes”.

El expresidente señala que durante su gestión el Servicio Nacional de Caminos firmó los contratos para la construcción de los tramo Roboré-El Carmen, con el consorcio ARG-Camargo Correa; y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción con el consorcio IASA-Odebrecht.

“Ambos contratos contaban con el 80% del financiamiento del PROEX, pero no del 20% de aporte local, por lo que incluimos una cláusula de condición suspensiva, es decir que no podían ejecutarse y los trabajos no podían empezar, hasta que el Estado obtuviera esos recursos y depositara la garantía respectiva”.

“Debido a la grave situación económica del Estado, durante los siguientes cuatro meses de mi gestión, no fue posible conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia”, añade.

En ese sentido, Mesa señala que fue durante las gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé que se decididó reencauzar la gestión para la construcción de estos dos tramos, “aplicando una estrategia diferente a la asumida por nuestro gobierno”.

“Antes de sancionar la ley, el Congreso Nacional y el propio Presidente conocieron y analizaron los contratos que habíamos suscrito en enero y marzo de 2006, y no emitieron ninguna observación pública respecto a su contenido, sus resultados ni los procedimientos realizados. Con tales antecedentes, y tras haber logrado un crédito del Banco Desarrollo de América Latina (CAF), el 10 de diciembre de 2005 el presidente Rodríguez emitió el DS 28506, que reglamentaba la mencionada Ley 3187, y autorizaba al Servicio Nacional de Caminos (SNC) a proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio ARG-Camargo Correa, para la construcción y supervisión del tramo Roboré-El Carmen”, señala

Mesa agrega que ese mismo 10 de diciembre de 2005 se emitió el DS 28507, “que autorizaba al Servicio Nacional de Caminos a proceder a la suscripción de un contrato con el consorcio IASA-Odebrecht para la construcción y supervisión del tramo El Carmen-Arroyo Concepción”.

“El gobierno del Presidente Rodríguez, con esos decretos, modificó algunos componentes de los contratos originales, sin embargo, decidió mantener la adjudicación a los consorcios ARG Camargo Correa y Odebrecht – IASA, pese a que el financiamiento ya ni sería del PROEX sino de la CAF. En enero de 2006 se iniciaron las obras de ambos tramos y en enero de 2009 se entregaron públicamente”, complementa.

Finalmente, Mesa respaldas que se haga una investigación sobre las denuncias de corrupción en ese caso.

“Respaldo plenamente la decisión de llevar adelante una amplia y profunda investigación sobre este tema por las instancias jurisdiccionales que correspondan, para que se esclarezca cualquier duda respecto a las denuncias de corrupción difundidas en medios internacionales, que pudieran tener relación con las obras aludidas”, finaliza.