La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó cerrar el expediente de la solicitud de medidas cautelares que presentaron los familiares de los nueve funcionarios bolivianos que fueron juzgados y expulsados de Chile.

Medios chilenos difundieron una carta que la CIDH envió el 14 de julio al canciller chileno, Heraldo Muñoz, en la que se explica que después de recibir la información de ambas partes se cerró el expediente.

Los 9 funcionarios bolivianos fueron detenidos el 19 de marzo en la frontera, fueron acusados por los delitos de robo, contrabando y portación de armas. El gobierno boliviano protestó ya que los nueve estaban cumpliendo funciones de lucha contra el contrabando; y presentó el caso en foros internacionales, en mayo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que la CIDH había admitió el pedido de medidas cautelares presentado por los familiares de los detenidos.

Las autoridades chilenas juzgaron a los nueve, los encontraron culpables y fueron condenados a la pena mínima, la juez del caso decidió conmutar la condena por la expulsión, y al pago de una multa. Volvieron al país 101 días después de ser tomados presos.