La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no se ajusta a los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. 

A nueve meses de iniciada la grave crisis de derechos humanos en el país, el 24 de enero de 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley que establece un marco jurídico y una política estatal que pretende garantizar una “cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”. 

Al respecto, la Comisión manifiesta su preocupación porque uno de los efectos de la aprobación de la Ley sea el de dificultar el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril, y en particular, dejar en el olvido a las víctimas fatales de la represión estatal, a sus familiares y a los cientos de personas permanecen privadas de libertad.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable. En el mismo sentido, la Corte IDH estableció que son inadmisibles medidas que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.

En su Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la CIDH registró el reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante para esclarecer los graves hechos de violencia registrados.

En este sentido, la CIDH recomendó al Estado de Nicaragua garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares; así como implementar un programa multidisciplinario con el fin de atender los impactos psicológicos de la población por estos sucesos, en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, mediante acciones basadas en un enfoque de derechos humanos y formuladas desde una perspectiva de género.

“Ninguna política estatal sobre diálogo, paz y reconciliación puede omitir a las víctimas, sin incumplir seriamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos” expresó la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y Encargada de la Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia. “Las políticas de reconciliación deben garantizar la participación de todos los actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil, y en especial a las víctimas y sus familiares”, añadió. 

“Nicaragua enfrenta el desafío urgente de superar la impunidad de los casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país, la ley recientemente aprobada no contribuye con este fin. Las autoridades del Estado están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar estas violaciones, así como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma contribuir a prevenir su repetición,” sostuvo la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.