La mañana de este lunes, René Yahuasi formalizó la presentación de un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que deje sin efecto la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP) y disponga la realización de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz.
Yahuasi ganó el derecho de ir al balotaje con Luis Revilla; sin embargo, sin su consentimiento, la dirigencia de NGP declinó de ir al balotaje, decisión que fue aceptada por la Sala Plena del TSE y, en consecuencia, el postulante apoyado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, es el Gobernador Electo de La Paz.
El fundamento legal del recurso señala que NGP no cumplió su propio estatuto para determinar la declinatoria. Según Yahuasi, el Comité Ejecutivo del partido no tiene la facultad para tomar esa decisión, sino debía convocar a una Asamblea General Extraordinaria.
Asimismo, Yahuasi denunció que, anulando la segunda vuelta, se está vulnerando el derecho político no sólo de un candidato, sino también el voto popular.
“Recordemos que una autoridad electa tiene que entrar mediante voto, en este caso no se está cumpliendo los requisitos legales que tiene que cumplir un candidato para ser electo en este caso como gobernador del departamento”, afirmó Yahuasi según reporte de Erbol.
No obstante, poco antes de la formalización del recurso, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, ratificó que la decisión no puede ser revertida y, en consecuencia, no habrá una segunda vuelta en La Paz.
En ese sentido, Ávila aclaró que el TSE actúa dentro del marco jurídico boliviano y que la disputa es una “controversia interna” entre el candidato y su partido, sobre la cual ninguna institución del Estado tiene competencia para intervenir.
El Presidente del TSE también señaló que de no haber aceptado la solicitud de NGP, los vocales podrían haber enfrentado procesos legales por incumplimiento de deberes. “Este es un tema netamente legal e institucional; el Tribunal en todo momento va a cumplir la ley”, afirmó.
Ávila insistió en que la ciudadanía debe entender que la situación no constituye un conflicto político del Estado, sino un desacuerdo entre Yahuasi y la organización que lo postuló, dejando claro que las instituciones públicas no interferirán en esta controversia.