El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno boliviano oficializó la solicitud a su par de Estados Unidos para que comparta información que derivó a su decisión de restringir las visas y prohibir el ingreso a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a su territorio.
“Hemos solicitado la información que pueda ser compartida para que sea evaluada conforme la ley boliviana”, afirmó Gálvez.
Señaló que se pidió la información para “entender las motivaciones” de la decisión estadounidense y “si hay aspectos que deben ser investigados conforme a la ley boliviana”.
“Independientemente de la información que llegue de Estados Unidos, lo que el Gobierno de Estados Unidos decida compartir con el Gobierno boliviano, las acusaciones son graves”, señaló Gálvez, específicamente en referencia al caso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien el país del norte lo acusa de proteger y ayudar al narcotráfico.
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En ese sentido, el Vocero señaló que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analizar el caso del Fiscal General y ver los procedimientos “de acuerdo a norma” respecto al futuro de Mariaca en el cargo.
Los vetos
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca – acusado por EEUU de beneficiar al narcotráfico- , ya aseveró que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de países del exterior, pero advirtió que no permitirá la interferencia, el condicionamiento o la afectación del trabajo que viene desarrollando la Fiscalía.
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera del país (…) Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones internacionales”, aseveró.
En ese marco, hizo referencia directa a las investigaciones que se lleva adelante en contra del exasesor del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, mismas que, dijo, “han generado preocupación y repercusión en diferentes ámbitos políticos”.
“Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados. Cuando existen denuncias de corrupción, nuestra obligación es es investigar, cuando hay elementos de posible enriquecimiento ilícito nuestra obligación es investigar. Este fiscal no esta para acusar anticipadamente a nadie, esta para garantizar que los hechos sean esclarecidos y las decisiones sean adoptadas conforme a Ley”, señaló.
Mariaca, asimismo, también hizo referencia al caso de la gasolina basura y pidió, en ese sentido, que quienes se sientan afectados por las investigaciones dejen que éstas sigan su curso, que las “pruebas hablen” y la justicia determine lo que ocurrió en cada uno de los casos.
“El pueblo tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias que se han presentado, incluido los hechos denunciados de corrupción relacionados al combustible. Es nuestro trabajo y lo vamos a realizar sin importar quien sea afectado”, afirmó.