El Gobierno boliviano afirmó este miércoles desconocer la nueva lista de 20 funcionarios bolivianos que serán vetados por Estados Unidos y que fue anunciada por el Departamento de Estado del país del norte.
La administración de Donald Trump ya vetó a 13 bolivianos, entre funcionarios y exfuncionarios, entre ellos al actual fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de quien el Departamento de Estado americano señala que “aceptó sobornos de narcotraficantes para ayudarlos a evadir la justicia”.
En ese sentido, el Departamento de Estado de los EEUU adelantó que restringirá la visa de otros 20 funcionarios bolivianos que identifica como “corruptos”.
Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseveró que desconoce quienes conformarían la nueva lista de sancionados por el Gobierno de Donald Trump.
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“No la conozco. No soy del Gobierno de Estados Unidos, soy funcionario del Gobierno de Bolivia”, aseveró.
En la misma línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, también señaló no tener datos sobre la nueva lista y enfatizó que desconoce si algún actual Ministro podría estar incluido entre los sancionados, como se rumoreó en las últimas horas.
Los vetos
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca – acusado por EEUU de beneficiar al narcotráfico- , ya aseveró que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de países del exterior, pero advirtió que no permitirá la interferencia, el condicionamiento o la afectación del trabajo que viene desarrollando la Fiscalía.
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera del país (…) Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones internacionales”, aseveró.
En ese marco, hizo referencia directa a las investigaciones que se lleva adelante en contra del exasesor del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, mismas que, dijo, “han generado preocupación y repercusión en diferentes ámbitos políticos”.
“Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados. Cuando existen denuncias de corrupción, nuestra obligación es es investigar, cuando hay elementos de posible enriquecimiento ilícito nuestra obligación es investigar. Este fiscal no esta para acusar anticipadamente a nadie, esta para garantizar que los hechos sean esclarecidos y las decisiones sean adoptadas conforme a Ley”, señaló.
Mariaca, asimismo, también hizo referencia al caso de la gasolina basura y pidió, en ese sentido, que quienes se sientan afectados por las investigaciones dejen que éstas sigan su curso, que las “pruebas hablen” y la justicia determine lo que ocurrió en cada uno de los casos.
“El pueblo tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias que se han presentado, incluido los hechos denunciados de corrupción relacionados al combustible. Es nuestro trabajo y lo vamos a realizar sin importar quien sea afectado”, afirmó.