Pueblos indígenas y campesinos del departamento de Pando marchan hacia La Paz en rechazo a la Ley 157 y van sumando fuerzas en el camino.
La marcha en cuestión partió el pasado miércoles del municipio de El Sena y llevan cinco días de caminata con la mirada puesta en la anulación de la Ley 157, que permite la conversión de la pequeña a la mediana propiedad de la tierra.
En su camino, los marchistas van sumando gente y respaldo a su lucha. De hecho, la movilización arrancó con cerca de un centenar de participantes y, a medida que avanzó por carreteras del departamento, se fueron sumando afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y miembros de pueblos indígenas.
La Ley en cuestión fue promulgada el pasado miércoles 8 de abril por el presidente del Estado, Rodrigo Paz. En esa ocasión, el Jefe de Estado defendió la norma como un mecanismo que permitirá a los pequeños productores acceder a crédito y negó que se pretenda quitar la propiedad, como le acusan algunos sectores.
“Es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir”, aseguró.
Uno de los principales impulsores de la ley fue el empresario y senador Branko Marinkovic, quien afirmó que la marcha campesina es el resultado de la “mala información por parte de ciertas ONG que están confundiendo a los campesinos”.
Sin embargo, en una entrevista con el programa Encontrados, el dirigente campesino Yeris Galindo aseguró que la ley afectará a más de 200 comunidades del departamento de Pando que tienen solicitudes de dotación de tierras en curso. Aunque no profundizó en los detalles técnicos del impacto, señaló que la normativa vulnera sus derechos territoriales.
Empero, las primeras reacciones contrarias emergieron en territorios amazónicos, donde dirigentes alertaron sobre posibles consecuencias para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Representantes de pueblos como Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y Cavineño debatieron el tema en una asamblea regional y acordaron impulsar la movilización como medida de presión.
Los organizadores destacan que esta acción se inscribe en antecedentes históricos de lucha por el territorio, recordando marchas similares realizadas décadas atrás en defensa de derechos agrarios.
Dirigentes también denunciaron la existencia de centenares de trámites de dotación de tierras pendientes, los cuales —según afirman— no han sido atendidos durante años.
En ese contexto, cuestionaron la rapidez con la que se aprobó la nueva norma, en contraste con otras demandas estructurales aún sin respuesta.
Finalmente, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, aseguró este domingo que la Ley 157 no afecta a las tierras comunitarias y sostuvo que las críticas en torno a la norma responden a procesos de desinformación que han distorsionado su verdadero alcance.
La autoridad remarcó que la iniciativa no es reciente ni responde a una decisión apresurada del Órgano Ejecutivo. “No es un tema de tiempo o que esté apresurado el Presidente, sino que la iniciativa parte del Legislativo”, indicó. A ello, añadió que el sector productivo, principalmente los pequeños productores —agrícolas, ganaderos, de cerdo, pollo, leche, hortalizas y demás—, vienen hace más de 15 años con este pedido.
// Oxígeno con información de Visión 360 y La Razón