El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se reunió este jueves con la dirigencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz y planteó impulsar una nueva ley minera ágil para atraer inversiones y fortalecer el sector.
“En reunión con Fedecomin La Paz coincidimos en la necesidad de potenciar nuestra minería. El Estado debe ser un facilitador para que los sectores productivos generen la riqueza que Bolivia necesita, impulsando una nueva ley minera ágil que atraiga inversión”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.
La reunión se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo, según las fotografías difundidas por el mandatario.
La semana pasada, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, informó que el Gobierno puso en marcha un proyecto de reforma integral del sector minero, orientado a destrabar inversiones, modernizar el marco normativo y mejorar la competitividad del país, con el acompañamiento técnico del Banco Mundial.
COMIBOL y entidades del Estado refuerzan lucha contra el jukeo en Huanuni
La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y entidades del Estado suscribieron un acuerdo para reforzar la lucha contra el jukeo en el distrito minero de Huanuni.
La COMIBOL informó que el acuerdo se alcanzó tras la reunión de coordinación desarrollada entre la Gerencia Regional Oruro, la Empresa Minera Huanuni, el Comando Departamental de Policía de Oruro, la Segunda División del Ejército y la Fiscalía Departamental de Oruro.
“El objetivo del acuerdo es coordinar acciones preventivas, disuasivas, de control y de persecución penal, en el marco de las atribuciones y competencias de las instituciones participantes, frente a la sustracción ilegal de minerales en el distrito minero de Huanuni”, señala el reporte oficial.
El acuerdo también abarcará la investigación y persecución de personas y empresas que compren mineral ilegal o sustraído en Huanuni.
La normativa boliviana sanciona la sustracción de minerales y a quienes reciban, oculten, vendan o compren minerales sabiendo su origen ilícito.
Asimismo, el acuerdo contempla gestionar ante las instancias legislativas la modificación y el endurecimiento de penas, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a este delito que genera pérdidas económicas al sector minero.