El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo 5706, que declara de prioridad nacional la lucha contra la corrupción y modifica la estructura del Órgano Ejecutivo para fortalecer al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia. La norma, bautizada «Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal», modifica el Decreto Supremo N° 5675, de Organización del Órgano Ejecutivo, aprobado apenas un mes antes.
En ese sentido, el Decreto convierte al viceministro de Transparencia, cargo ocupado en la actualidad por Yamil García, en el «Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia», con facultades de coordinación estratégica ante todos los Órganos del Estado y ante entidades públicas y privadas.
La norma también reordena la estructura interna del despacho: crea la Dirección General de Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos, la Dirección General de Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos, y la Dirección General de Gobernanza, Integridad Pública y Fortalecimiento a la Justicia.
Entre las atribuciones más amplias que otorga el decreto está la de ejecutar «acciones inmediatas in situ» en entidades y empresas públicas, mixtas o con participación estatal, para requerir información o documentación física o digital de manera obligatoria e inmediata. El Viceministerio también queda facultado para actuar como parte coadyuvante en procesos administrativos y judiciales vinculados a hechos de corrupción, para coordinar con la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras, y para presentar anualmente al Presidente un informe sobre el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción.
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La norma incorpora además nuevas atribuciones en materia de derechos humanos al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, entre ellas el seguimiento a recomendaciones de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos y la coordinación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
En sus disposiciones finales, el decreto establece que la implementación de la nueva estructura se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio de la Presidencia, sin comprometer recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (TGN), aunque deja abierta la posibilidad de que el nuevo viceministerio solicite fondos extraordinarios al TGN si el Ministerio de Economía lo considera pertinente.
Finalmente, la norma establece que el Ministerio de la Presidencia tiene un plazo de hasta 20 días calendario para desconcentrar las funciones administrativas y jurídicas necesarias para que la nueva instancia opere.