En conferencia de prensa, los principales dirigentes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ negaron haber aceptado o iniciado un diálogo con el Gobierno de Rodrigo paz y aclararon que la nota enviada al Ejecutivo en las últimas horas es una “última conminatoria” en busca de lograr la “pacificación” del país.
El secretario ejecutivo de los ‘Tupac’ aseveró que “es la última conminatoria al Gobierno para que pueda de una vez pacificar el país”, y afirmó que el documento contempla cinco “condiciones” para entablar un encuentro con el Gobierno.
Salazar, eso sí, dejó en claro que no se levantarán los bloqueos y si el Gobierno no accediera a sus condiciones las medidas de presión se masificarán para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En ese sentido, los ‘Tupac’ pidieron disculpas a la población, pero señaló que en algún momento se entenderá que la “lucha” es “para todo el Estado Plurinacional de Bolivia” y en defesa de los recursos naturales.
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“Esta pelea es para todo el Estado Plurinacional de Bolivia (…) La población no se ha dado cuenta, ojalá no sea tarde el momento que se den cuenta que esta lucha ha sido de reivindicación exigiendo respeto a los recursos naturales”, señaló.
Acotó que los pueblos indígenas con los “dueños legítimos de nuestras tierras” y decidió dar un ultimátum al gobierno.
“Queremos pedir a la población una comprensión y solidaridad, porque el pueblo también está pensando en la reivindicación de los pueblos indígenas originarios. Pedimos disculpas a la población también, porque, hermanos, esta pelea es para todo el Estado Plurinacional de Bolivia”, insistió.
Entre los cinco puntos que las organizaciones demandan al Gobierno está, primero, la conformación de una “Comisión de Control en Frontera y Anulación de Contratos por Combustible Adulterado” que “vaya inmediatamente a verificar en los puntos fronterizos la calidad del combustible antes del ingreso y distribución del producto al país”. La comisión, afirman, debe estar conformada por representantes de organizaciones sociales y equipo técnico verificando calidad en colaboración científica con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y los laboratorios técnicos certificadores que correspondan.
Asimismo, piden la anulación de contratos, si los análisis del combustible importado en frontera confirman que no cumple estándares de calidad; y el “resarcimiento inmediato por el costo de reparación de los vehículos y maquinarias dañadas como consecuencia directa del combustible adulterado distribuido”.
En segundo punto pide una “Regulación Temporal de Obligaciones Financieras por seis meses”.
“El Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades regulatorias sobre el sistema financiero a través de la ASFI, debe instruir el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora, durante seis meses, sobre las obligaciones contraídas por la población boliviana (transportistas, gremiales, artesanos, productores, emprendedores bolivianos, etc.). Durante ese período, las entidades financieras no aplicarán intereses corrientes, multas ni intereses penatorios sobre los créditos vigentes”, señala.
El tercer punto pide la “abrogación de los decretos supremos inconstitucionales que afectan al sector popular”; y el cuarto que el presidente, Rodrigo Paz, dé una amnistía a los dirigentes sociales y movilizados que hayan sido detenidos y aprehendidos durante los 47 días de bloqueo.
Finalmente exigen la abrogación de la Ley 1740 que regula los Estados de Excepción y que fue promulgada por Paz semanas atrás.
“Se rechaza de forma categórica la normalización del despliegue militar contra la población civil para el levantamiento de bloqueos y el control del orden interno, funciones que la Constitución atribuye exclusivamente a la Policía Boliviana. La Ley N° 1740 es inconstitucional y representa un riesgo directo para la vida de los bolivianos. Se exige su abrogación inmediata”, señala.
En ese sentido, los Tupac y las Bartolinas enfatizan que “las cinco exigencias establecidas en este documento (…) no están sujetas a modificación parcial”.
No obstante, este miércoles el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la nota de los Tupac y las Bartolinas no ha llegado a poder del Ejecutivo, aunque anticipó que se le daría una “respuesta inmediata”.