El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, pidió procesar penalmente a los policías que detuvieron a dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) el fin de semana y aseveró que “la Ley no ampara torturadores”.
Según un video publicado en la página de la Vicepresidencia, Lara afirmó que las “detenciones selectivas” de dirigentes de la COB vulneran el Estado de Derecho y “todo indica que las aprehensiones se realizaron sin que existan pruebas contundentes que justifiquen una acusación formal”.
En ese sentido, aseveró que “no basta con liberar” a los dirigentes detenidos el fin de semana, sino que “corresponde iniciar procesos penales contra todos los policías que participaron en esos hechos”, especialmente, dijo, a quienes “ocultaron su identidad” para ejecutar esas acciones.
“La Ley no protege abusadores, la Ley no ampara torturadores y ningún uniforme puede ser escudo para la impunidad”, acotó.
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Ayer, lunes, la Fiscalía requirió los antecedentes de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones vinculadas a las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país.
Según informó el Ministerio Público, la documentación solicitada forma parte de las actuaciones preliminares destinadas a establecer la situación jurídica de los involucrados y determinar si corresponde presentar una imputación formal.
Empero, finalmente este martes los ocho dirigentes detenidos fueron liberados.
Ya el pasado sábado, la COB denunció que el Gobierno “ha sobrepasado todos los límites del Estado de Derecho, instrumentalizando al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para ejecutar una verdadera cacería humana contra nuestra estructura dirigencial”.
“Las fuerzas de represión del Estado están perpetrando operativos clandestinos y criminales, utilizando personal encapuchado con pasamontañas que se desplaza en vehículos civiles sin placas de circulación ni identificación institucional. Actuando totalmente al margen de la ley y con extrema violencia, están procediendo al secuestro y privación ilegal de la libertad de nuestros dirigentes sindicales, sin exhibir ni contar con mandamientos u órdenes de aprehensión legítimas”, señala el texto.
Para la COB la aprehensión de los dirigentes sociales vulnera la Constitución y “atropellan el debido proceso y la libertad individual, garantías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“El gobierno intenta justificar esta violencia física tratándonos de “terroristas” o “delincuentes comunes” mediante una feroz campaña psicológica y mediática de desprestigio, solo por defender legítimamente nuestras reivindicaciones y a nuestro territorio” (sic), señala el texto.
En ese sentido, la COB señala que la “arremetida autoritaria” del Gobierno pone en “situación de peligro extremo” a todo el movimiento obrero boliviano y por eso exigió “al Estado el cese inmediato de las persecuciones”.
Además, clamó “por la intervención urgente de los organismos internacionales de Derechos Humanos para frenar estas privaciones arbitrarias de la libertad”.