El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, exhortó a los jefes de bancada de las diferentes fuerzas políticas a priorizar el análisis de las leyes relacionadas con los incendios forestales,
La autoridad, durante la reunión de coordinación legislativa desarrollada este miércoles, remarcó la necesidad de actuar de manera preventiva para evitar que el país vuelva a enfrentar las graves consecuencias ambientales registradas en años anteriores.
Durante su intervención, el Vicepresidente recordó que regiones como la Chiquitanía, el Parque Nacional Tunari y Tarija han sufrido importantes pérdidas de flora y fauna a causa de los incendios.
“No salgamos a lamentar; debemos hacer algo ahora (…) No podemos esperar que el país se incendie otra vez”, afirmó, al convocar a las bancadas a asumir con responsabilidad el análisis y tratamiento de la normativa correspondiente, priorizando su debate dentro de la agenda legislativa.
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La autoridad señaló que Bolivia demanda respuestas oportunas frente a una problemática que se repite cada año y reafirmó el compromiso de la Vicepresidencia de impulsar el diálogo y los consensos necesarios para fortalecer la legislación destinada a la protección del medioambiente y del patrimonio natural del país.
En la víspera, la jefa de bancada de la Alianza Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, anunció que presentará un Proyecto de Ley con el objetivo de abrogar las normas “incendiarias” que se mantienen vigentes en el país.
“Creo ha llegado el momento para tomar una decisión. Todos sabemos que en el mes de junio y julio y vemos con mucha tristeza como se queman la esperanza de los bolivianos, los bosques, cerros”, aseveró Yarhui en contacto con radio Fides.
Para la legisladora, una de las principales causas por los incendios que afectan al país está en la ley que autoriza los chaqueos.
“Hay una ley que permite el chaqueo y a partir del chaqueo se provoca el incendio”, lamentó.
Las «leyes incendiarias» son un paquete de normas promulgadas en Bolivia entre 2013 y 2019 (como las Leyes 337, 741 y 1171) criticadas por ambientalistas y legisladores por supuestamente legalizar desmontes y flexibilizar el uso del fuego para chaqueos. Estas normativas continúan vigentes, ya que los intentos de abrogación se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa.