El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, afirmó este jueves que nunca tuvo comunicación con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y negó que haya sido la exautoridad del Ministerio Público quien le pasaba los audios que presentó y que, en su mayoría, involucraban a Fernando Cerimedo, el argentino exasesor del presidente Rodrigo Paz que hoy está detenido por diversos delitos.
En conferencia de prensa, Lara señaló que el Gobierno puede investigar y “no encontrará nada” respecto a algún vínculo entre él y Mariaca, quien se encuentra detenido acusado de tráfico de sustancias controladas, organización criminal y enriquecimiento ilícito.
“Yo con Mariaca no he tenido comunicación y que investigue el Gobierno. Yo sé que se especula mucho, que investigue el Gobierno, yo les aseguro que no van a encontrar nada”, sostuvo.
En ese sentido, el Vicepresidente aseguró estar dispuesto a informar quien es la persona que le pasó los diferentes audios que difundió en las últimas semanas, pero afirmó que lo hará bajo los conductos oficiales.
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Señaló que lo dará a conocer a la Fiscalía, en cuanto sea citado por las denuncias que realizó, pero no dará nombres de forma pública para precautelar la integridad de la persona en cuestión.
Recordó que Cerimedo “mandó a asesinar” a su expareja aun sabiendo que estaba embarazada, por lo que, dijo, podría tomar otras represalias contra la persona que le pasó los audios.
En las últimas semanas, Lara difundió conversaciones de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz, la primera dama ‘Bibi’ Urquidi e incluso con el propio exfiscal Mariaca.
Roger Mariaca fue aprehendido la pasada semana, un día después de que fuera incluido en la lista del Gobierno de Estados Unidos cuyas visas quedaron restringidas y fuera acusado por la administración de Donald Trump de haber protegido y beneficiar el narcotráfico.
Mariaca, tras su aprehensión, fue imputado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, además de que se le inició otro proceso por enriquecimiento ilícito, y fue enviado a la cárcel de Cantumarca de Potosí con detención preventiva.
En paralelo, fue suspendido del cargo de Fiscal general después de que la Asamblea y el Ejecutivo promulgarán en tiempo récord la modificación de la Ley del Ministerio Público.