El Concejo Municipal de La Paz aprobó este jueves una minuta de comunicación que recomienda al Ejecutivo Municipal evaluar y reencaminar la Alerta Roja declarada el 10 de agosto ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño.
El pronunciamiento del Concejo recomienda al Ejecutivo Municipal evaluar y reencaminar la alerta declarada el 10 de agosto. El documento solicita al alcalde ajustar las medidas preventivas a la Ley Municipal de Gestión Integral de Riesgos y elaborar un plan específico de prevención ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño.
La minuta también establece que el Ejecutivo Municipal debe remitir al Concejo la documentación e informes técnicos que sustentaron la declaratoria de Alerta Roja, con el propósito de conocer los argumentos y criterios que llevaron a adoptar esa decisión.
En ese sentido, el concejal Fernando Ruiz cuestionó el nivel de alerta y el procedimiento utilizado, y pidió que las medidas preventivas se ajusten a la normativa municipal de gestión de riesgos.
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Además, cuestionó la legalidad de la Resolución Ejecutiva N° 398/2026, mediante la cual el alcalde de La Paz, César Dockweiler, declaró Alerta Roja en el municipio, y sostuvo que la medida debe ser
Ruiz explicó que el objetivo es garantizar que las acciones municipales sean preventivas, estén respaldadas técnicamente y se desarrollen conforme a los protocolos establecidos para este tipo de declaratorias.
Observaciones al nivel de alerta
Ruiz observó que la Resolución Ejecutiva N° 398/2026 presenta cuestionamientos tanto por el nivel de alerta elegido como por el procedimiento aplicado. Según explicó, la Ley Municipal Autonómica N° 005/2010 establece que una Alerta Roja corresponde a un escenario en el que ya se produjeron pérdidas humanas o materiales significativas y se sobrepasó la capacidad de respuesta del municipio.
“La Alerta Roja se activa cuando se han producido pérdidas humanas y/o materiales significativas y se ha sobrepasado la capacidad de respuesta del municipio”, señaló.
A criterio del concejal, los informes que sustentan la resolución describen principalmente un escenario preventivo frente a riesgos territoriales y proyecciones climáticas, por lo que las condiciones señaladas se aproximarían más a una Alerta Naranja.
“Si es una medida de carácter preventivo y preparatorio, corresponde a una Alerta Naranja y no a una Alerta Roja”, sostuvo.
Ruiz también observó que la declaratoria no habría seguido el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley Municipal N° 005/2010, que establece que la declaratoria de situación de emergencia y/o desastre realizada por el Alcalde debe ser posteriormente refrendada por el Concejo Municipal.
“No es una formalidad accesoria. Cuando se activan protocolos excepcionales, se movilizan recursos y pueden generarse gestiones ante otras instancias del Estado, el control del Concejo Municipal es indispensable”, afirmó.
El concejal recordó que durante 2024 el propio Gobierno Municipal remitió al Legislativo edil resoluciones relacionadas con la declaratoria y ampliación de la Situación de Emergencia y Alerta Roja. A su criterio, ese antecedente demuestra que existe un procedimiento institucional que debería ser considerado en la actual declaratoria.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (COMURADE). Ruiz señaló que, en anteriores declaratorias, esta instancia emitió recomendaciones antes de que el Ejecutivo Municipal adoptara las medidas correspondientes.
“Queremos que se informe de manera formal si existió o no pronunciamiento del COMURADE y por qué se ha cambiado el procedimiento que se utilizó en 2024”, manifestó.
Según el concejal, las dudas sobre la intervención del COMURADE y la falta de refrendación del Concejo adquieren especial relevancia debido a la paralización del Legislativo municipal derivada del conflicto en torno a su directiva.
Ruiz también advirtió que una declaratoria de este tipo puede tener efectos sobre la ejecución de recursos, modificaciones presupuestarias y eventuales contrataciones excepcionales, por lo que consideró necesario garantizar el control institucional.
“La prevención de riesgos es una obligación institucional legítima, pero no puede ejercerse eludiendo los controles legales y la separación de órganos que establece la normativa municipal”, sostuvo.
Con la minuta aprobada este jueves, el Concejo Municipal busca que el Ejecutivo revise el alcance de la Alerta Roja, presente los informes técnicos que respaldaron la decisión y establezca un plan específico de prevención ante el posible impacto de El Niño.
Ruiz señaló que la solicitud permitirá verificar si la declaratoria y las acciones que se adopten están sustentadas técnicamente y cumplen con la normativa municipal vigente.
Entretanto, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló que la alerta roja contempla tres elementos: Una campaña de sensibilización, las acciones de la Alcaldía para ahorrar agua y realizar inspecciones a lugares donde hay fugas del líquido elemento.
Por su parte, desde Epsas se garantizó la provisión de agua para La Paz hasta la época de lluvias y se afirmó desconocer los motivos por los que la Alcaldía paceña decidió declarar alerta roja-
“No hemos tenido una información formal de bajo qué parámetros la Alcaldía de La Paz ha declarado alerta roja (…) Estamos en normalidad, no tenemos ningún inconveniente”, aseveró el gerente interventor de Epsas, Édgar Landivar.