La Fiscalía habría emitido una orden de aprehensión en contra del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el caso de la gasolina de mala calidad o “desestabilizada”.
El diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco, uno de los denunciantes en los procesos iniciados por este caso, informó a Unitel que la orden de aprehensión se habría liberado en las últimas horas.
En ese mismo sentido, la red DTV dio a conocer que la determinación fue asumida luego de que una comisión legislativa remitiera un informe oficial en el que se identifican supuestas responsabilidades de la exautoridad y se recomienda profundizar las indagaciones en el ámbito penal para esclarecer los hechos.
No obstante, hasta el momento de este reporte, no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio Público ni del Gobierno al respecto.
Advertisement:
La Comisión legislativa que investigó el caso de la gasolina de mala calidad ya entregó su informe final para que sea tratado por el pleno y recomienda que la Fiscalía y la Contraloría investigue a exministros y expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tanto de la anterior gestión de Luis Arce como del actual gobierno de Rodrigo Paz.
Entrevistado por Unitel, Alarcón detalló que se solicita el inicio de investigaciones contra los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo (gestión de Luis Arce) y Mauricio Medinaceli (gestión de Rodrigo Paz).
Asimismo, están señalados el último presidente de YPFB que tuvo el Gobierno de Luis Arce, Armin Dorgathen, y Yussef Akly, quien fue la primera cebza de Yacimientos posesionado por Rodrigo Paz. Ambos también son apuntados por presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles.
Alarcón, en ese sentido, anunció que en el informe se pide enviar todos los antecedentes al Ministerio Público para las “investigaciones penales que correspondan sobre la base de los hallazgos y los indicios” que se evidencian.
También se pide que tome parte del proceso la Contraloría General del Estado para que se hagan auditorías especiales y, “al Órgano Ejecutivo para que se refuercen las capacidades logísticas y de equipos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para ejecutar un adecuado control de la calidad de los carburantes”.
Según explicó, la investigación detalla que se habría incurrido en delitos de Conducta antieconómica, Incumplimiento de deberes, Atentado contra la seguridad de los servicios públicos, Falsedad ideológica, Daño calificado y Negociaciones incompatibles.