La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, por separado, los hechos acontecidos las últimas horas y pidieron a organismos internacionales a hacer seguimiento lo que ocurre en el país.
Por un lado, la COB denunció que el Gobierno “ha sobrepasado todos los límites del Estado de Derecho, instrumentalizando al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para ejecutar una verdadera cacería humana contra nuestra estructura dirigencial”.
“Las fuerzas de represión del Estado están perpetrando operativos clandestinos y criminales, utilizando personal encapuchado con pasamontañas que se desplaza en vehículos civiles sin placas de circulación ni identificación institucional. Actuando totalmente al margen de la ley y con extrema violencia, están procediendo al secuestro y privación ilegal de la libertad de nuestros dirigentes sindicales, sin exhibir ni contar con mandamientos u órdenes de aprehensión legítimas”, señala el texto.
Para la COB la aprehensión de los dirigentes sociales vulnera la Constitución y “atropellan el debido proceso y la libertad individual, garantías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
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“El gobierno intenta justificar esta violencia física tratándonos de “terroristas” o “delincuentes comunes” mediante una feroz campaña psicológica y mediática de desprestigio, solo por defender legítimamente nuestras reivindicaciones y a nuestro territorio” (sic), señala el texto.
En ese sentido, la COB señala que la “arremetida autoritaria” del Gobierno pone en “situación de peligro extremo” a todo el movimiento obrero boliviano y por eso exigió “al Estado el cese inmediato de las persecuciones”.
Además, clamó “por la intervención urgente de los organismos internacionales de Derechos Humanos para frenar estas privaciones arbitrarias de la libertad”.
Por su parte, la Federación Túpac Katari denunció ante la ONU, la CIDH, la Corte IDH, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos los hechos registrados en San Julián este sábado, región en la que se produjo un fallido operativo policial y militar para desbloquear las rutas.
La organización acusa a la Unión Juvenil Cruceñista de actuar como grupo irregular; a la Policía Boliviana, de proteger y trasladar a sus integrantes, y al Gobierno, de autorizar o avalar esas acciones.
En ese contexto, pidió la “investigación independiente, sanciones y desmantelamiento de grupos irregulares”, además de la presencia de veedores internacionales.
Este sábado se cumplen 37 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante distintos sectores, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de Gobierno y El Alto.