La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca que ambas cámaras aprueben y el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgue una Ley que faculte al Parlamento a designar a un Fiscal General Interino por el lapso de tres meses, después de que la actual máxima autoridad del Ministerio Público, Roger Mariaca, fuera aprehendido por supuestos vínculos con el narcotráfico y la conformación de una “organización criminal” en esa institución estatal.
En su sesión plenaria, iniciada la mañana de este viernes, la ALP aprobó una Resolución para que ambas cámaras sesionen “por tiempo y materia” para aprobar la Ley y que, una vez que la misma sea sancionada por Paz, pueda reinstalar su sesión para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.
El proyecto de Ley, en concreto, plantea añadir un nuevo artículo en el artículo 25 en la Ley 260 del Ministerio Público, cuya regulación se circunscribe a definir el procedimiento para la suspensión definitiva de la o el Fiscal General del Estado.
El artículo que se busca añadir establece que este mecanismo se activa por decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante votación de los miembros presentes en una Sesión Ordinaria, “pero limitando este hecho a la concurrencia de indicios fehacientes de la presunta comisión de delitos aprovechando su cargo y las facultades conferidas por este en su condición de autoridad jerárquica superior del Ministerio Publico”.
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En ese marco, la ALP propone que el Fiscal General interino solo pueda ocupar el cargo por el lapso de tres meses, “periodo en el cual la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá desarrollar el proceso de selección y designación de la o del nuevo Fiscal General del Estado”.
Asimismo, se dispone que la o el Fiscal General Interino deberá cumplir con los mismos requisitos generales y específicos señalados por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Publico, “a fin de que el interinato permita garantizar la continuidad en el cumplimiento de las funciones de la institución de defensa de los intereses de la sociedad, en tanto se lleva adelante el proceso de selección y designación de la nueva autoridad”.
El Proyecto de Ley especifica que el Fiscal General del Estado deberá cumplir todas las funciones, atribuciones, competencias, derechos y deberes del Fiscal General del Estado en tanto dure la interinato.
“El Fiscal General Interino no se trata de un cargo definitivo, sino de una figura de gestión y custodia temporal que asume las funciones de fiscalización o administración cuando el titular está ausente o la institución se encuentra en una situación de crisis, irregularidad o acefalía, como lo es el presente caso”, añade la propuesta normativa.
Mira el Proyecto de Ley:
Hasta ahora, el artículo 25 de la Ley 260 está compuesta por cinco artículos:
I. En caso de impedimento temporal por viaje o enfermedad de la o el Fiscal General del Estado, será suplida o suplido por la o el Fiscal Departamental de Chuquisaca; y en ausencia de éste, lo suplirá el o la Fiscal Departamental de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de este Artículo.
II. En casos de destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo de la o del Fiscal General del Estado, lo suplirá la o el Fiscal Departamental o Superior de acuerdo al orden de prelación establecido en el parágrafo V de este Artículo, debiendo presentarse para tal efecto la documentación pertinente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se procese en la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
III. En caso de destitución, renuncia, ausencia o impedimento de las o los Fiscales Departamentales, serán suplidas o suplidos por la o el Fiscal de Materia, de acuerdo con la prelación establecida en el parágrafo V de este Artículo.
IV. Las y los Fiscales Superiores así como las y los Fiscales de Materia, se suplirán entre sí.
V. El orden de prelación se establece de acuerdo con la antigüedad en el ejercicio de:
- 1. Funciones en el cargo.
- 2. Funciones en el Ministerio Público.
- 3. La abogacía.
La sesión y propuesta de la ALP se da después de que el Gobierno, con apoyo de Estados Unidos, procediera a la aprehensión de 14 autoridades del Ministerio Público por presunta vinculación con el narcotráfico y la conformación de una “organización criminal”, entre ellos Roger Mariaca, quien fungía como Fiscal General del Estado.
En ese marco, el Gobierno advirtió ayer, jueves, que todo aquel que no esté con el “desarrollo de la patria” será visto como un aliado del “narcoterrorismo” y será “combatido” para ponerlo ante la justicia.