Ante el ultimátum dado por Evo Morales y sus seguidores, respecto a iniciar marchas y protestas si el Gobierno no abroga las “normas inconstitucionales” hasta el 3 de octubre, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano advirtió que cualquier movilización que atente contra la vida de los ciudadanos, provoque bloqueos o afecte infraestructura será respondida mediante el uso de la fuerza prevista por ley.
El Ministro recordó que se encuentra vigente un estado de excepción y remarcó que toda manifestación debe mantenerse dentro del ámbito de la protesta pacífica.
De la misma manera, Justiniano cuestionó que Morales promueva movilizaciones y señaló que, como expresidente, debería cumplir con la ley y presentarse ante la justicia, en referencia a las dos órdenes de aprehensión que hay en su contra.
Además, cuestionó que desde el Chapare se pretenda generar un nuevo escenario de conflicto y sostuvo que el Gobierno busca resolver los problemas que generan las movilizaciones, en lugar de administrarlos.
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Finalmente, afirmó que la población “quiere trabajar” y remarcó que los bloqueos perjudican directamente a la ciudadanía.
El fin de semana, Morales lideró un ampliado con sus seguidores en el Trópico y dio plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno abrogue las que considera son “normas inconstitucionales”, entre ellas el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la norma que levanta la subvención al diésel.
Morales, en ese sentido, pidió a sus seguidores “prepararse” y organizarse ya sea para realizar marchas o concentraciones en todos los departamentos.
El expresidente, cabe recordar, tiene dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra. La primera fue emitida por un Tribunal de Sentencia de Tarija. En este caso, Morales es acusado por el delito de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.
Se ordenó su aprehensión después de que no se presentara al inicio de su juicio oral.
La segunda orden de aprehensión, en cambio, fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, tras denuncia del Comité Cívico pro Santa Cruz, por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Este último caso está relacionado a los bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio de este año.
No obstante, las órdenes no pudieron ser ejecutadas debido a que Morales se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba y protegido por sus seguidores, que formaron una seguridad sindical” para resguardar a su líder.