El Gobierno nacional presentó dos denuncias ante el Ministerio Público contra 14 implicados por un daño de más de Bs 870 millones al Estado con contratos para la Planta de Biodiésel I de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó este miércoles el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.
“Son más de 14 personas que han sido denunciadas ante el Ministerio Público y que en este caso deben responder por esta afectación económica de más de 870 millones de bolivianos”, reveló la autoridad en una rueda de prensa.
García explicó que no solo se denunció que la Planta de Biodiésel I, ubicada en el departamento de Santa Cruz, tuvo un sobreprecio de $us 10 millones, sino que también se identificó que esta factoría dejó una afectación económica al Estado en sus primeras operaciones.
“Ha producido en una de sus primeras operaciones una afectación económica de más de 870 millones de bolivianos. Esta es la cifra de daño económico que se ha identificado en este caso, 870 millones de bolivianos”, reiteró.
Advertisement:
Detalló que el caso se origina en dos contratos suscritos entre YPFB Refinación y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., para la provisión de materia prima (aceite crudo de soya) para la Planta de Biodiésel I, por un monto de Bs 1.057 millones para ambos. De este total, se desembolsaron anticipos, equivalentes aproximadamente al 75% del valor total.
“Sin embargo, el contratista que recibe estos montos económicos incumple (…). En este caso, no ha existido ni garantía de cumplimiento de contrato ni garantía de correcta inversión de anticipo”, explicó.
Indicó que, ante ello, el anterior Directorio de YPFB Refinación convocó a una sesión en la resolvió modificar el reglamento de garantías y añadir una excepción, lo que implicó “ya no exigir la garantía de correcta inversión de anticipo para los proveedores de aceite crudo de soya”. Además, se resolvió “quitar la garantía de cumplimiento de contrato”.
A los seis días de haberse modificado el reglamento, ambas partes suscribieron el contrato y el 9 de abril de la gestión 2024 comenzaron los desembolsos de estos anticipos millonarios, recordó.
“Es decir que, en menos de una semana, YPFB configura este esquema de tal manera que pueda entregar estos más de 870 millones de bolivianos sin tener una sola garantía de que se pueda recuperar un centavo de estos recursos de todos los bolivianos”, denunció el viceministro.
Añadió que ese Directorio de YPFB al “identificar que había cometido errores garrafales con consecuencias lesivas para el Estado una vez que la empresa incumple no tenía cómo cobrarse ese incumplimiento”.
Ante esto “resulta que ambas partes se reúnen y definen una terminación de contrato. En esta terminación de contrato, la empresa reconoce que ha incumplido y que tiene que devolver recursos millonarios al Estado”, indicó.
Aquel directorio de YPFB aceptó como garantía dos terrenos, que cuando las quiso embargar descubrió que eran pequeñas propiedades, de acuerdo a la normativa agraria, de tal manera que por mandato constitucional eran inembargables.
“Como Estado, como Gobierno, no nos hemos quedado solamente con la noticia. Se han presentado no solamente una sino dos denuncias ante el Ministerio Público por delitos de corrupción”, subrayó.
Las denuncias involucran a Henry I.P. como representante legal de la empresa que suscribió esos dos contratos, además de los socios que son parte de esta compañía y los entonces gerentes de YPFB Refinación y la unidad solicitante.