El Gobierno activó auditorías para identificar a los responsables, de anteriores gestiones, por el fallo en contra del Estado en el laudo arbitral que se sostenía contra administradora de fondos de pensiones española BBVA y que terminó en la obligación del país de realizar un pago de 105 millones de dólares.
En conferencia de prensa, el procurador general del Estado, Hugo León, indicó que el proceso arbitral tuvo sus orígenes en 2017, tuvo su sentencia el 2022 y luego Bolivia acudió al Tribunal de La Haya y, finalmente, al Tribunal Supremo de los Países Bajos con el fin de anular el fallo, pero no tuvo éxito.
En ese sentido, el viceministro de Pensiones, José Valencia, enfatizó que este resultado es una “herencia de las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización” y de no haber conducido adecuadamente el proceso.
Por eso, el subprocurador Roger Longaric explicó que para identificar a los responsables se están iniciando auditorías, con el objetivo de determinar si la estrategia de defensa que adoptaron las anteriores autoridades fueron correctas.
“Esas auditorías nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables y poder identificarlos. Una vez identificados los responsables tengan la certeza de que el Estado, a través del gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para poder repetir y recuperar el daño económico causado al Estado”, aseveró.
Por otro lado, las autoridades señalaron que buscan las medidas para que el millonario pago que se debe hacer a BBVA no afecte al conjunto de la economía nacional.
“El Estado está evaluando y trabajando los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía”, afirmó Valencia.
Eso sí, el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aseguró que el cumplimiento de esta obligación judicial no afectará los aportes de jubilación de los trabajadores ni las rentas que reciben los jubilados.
“El resultado del laudo arbitral no va a afectar a las pensiones (…). Los recursos que son administrados por la Gestora son un patrimonio autónomo; son independientes, son privados y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones; entonces, están protegidas”, aseguró Fernández.
El caso
El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud de Bolivia para anular el pago de la indemnización a favor de la administradora de fondos de pensiones española BBVA y, en consecuencia, deberá cancelar 105 millones de dólares, según reporte de El Español.
El conflicto de BBVA con Bolivia por las pensiones surgió cuando el Gobierno de Evo Morales nacionalizó en 2010 la administración privada del sistema, incluida la filial de BBVA (Previsión BBVA AFP), y luego, según la denuncia de la administradora española, el traspaso a la Gestora Pública se retrasó y se ejecutó de forma inapropiada.
BBVA administraba pensiones en Bolivia desde 1997 a través de Previsión BBVA AFP. El Estado Plurinacional decidió nacionalizar ese servicio y crear una entidad pública para asumirlo. BBVA sostuvo que la transición fue caótica, con retrasos y que las medidas adoptadas le perjudicaron.
Por tanto, el banco vasco llevó el caso al arbitraje internacional en 2018 alegando irregularidades, incertidumbre jurídica y trato arbitrario durante la transición, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) terminó dando la razón al banco y en 2022 ordenó a Bolivia pagar una indemnización de 105 millones de dólares.
Bolivia acudió al Tribunal de La Haya y demandó la nulidad del laudo, pero en 2024 el organismo resolvió a favor de BBVA rechazando todos los argumentos presentados por el país.
Sin embargo, meses más tarde, Bolivia elevó el caso y presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo de los Países Bajos.
El portal El Español aseguró que el tribunal neerlandés también rechazó la solicitud de nulidad del laudo, lo que ratifica que Bolivia deberá pagar la indemnización.
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