El fiscal general del estado interino, Armando Urioste, informó que efectuado el análisis de admisibilidad, emitirá informe ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respecto al inicio de a la fase de acumulación de antecedentes para el juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro Marcelo García Linera.
El inicio de la investigación se da a raíz de la proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al caso del Hotel Las Américas.
En el memorial, el fiscal precisó el alcance de la actuación del Ministerio Público para habilitar “este informe de inicio por parte del Ministerio Público, para el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, conforme dispone la ley de procesamiento especial”.
Asimismo, explicó que la solicitud ingresó a la Fiscalía General del Estado el 10 del presente mes mediante buzón, misma que será presentada este 12 de octubre de 2026, ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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Urioste acreditó su condición de Fiscal General del Estado y solicita a los magistrados que hagan conocer los actuados, providencias y resoluciones que se produzcan durante el trámite del proceso de juicio de responsabilidades.
El Fiscal General aclaró que se trata de una etapa inicial de investigación por hechos presuntos, para lo cual se actuará conforme a ley.
La proposición acusatoria fue presentada la pasada semana por la bancada de Libre. En este caso, se acusa a Morales por el operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo. El caso, según legisladores de la bancada de Tuto Quiroga, llegó a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), la cual estableció que hubo vulneraciones de derechos, como ejecución extrajudicial.
“El caso Hotel las Américas ya tiene un pronunciamiento de la CIDH, que considera que lo ocurrido aquella noche pasa a ser delitos de lesa humanidad. Han existido esa noche ejecuciones sumarias. Han asesinado a tres personas, como el otro asunto que han sufrido vejámenes al haber sido encarcelados de manera injusta”, señaló el diputado Antonio Pino.
El legislador indicó que como pruebas se presenta el informe de la CIDH sobre el hecho ocurrido el 2009 y que, dijo, concluyó que se produjeron ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas.
Además, afirmó que también se presentaron un conjunto de elementos probatorios que incluye declaraciones y publicaciones de prensa.
El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.
La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.
Caso Hotel Las Américas
El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.