El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, presentó una Acción de Amparo Constitucional con el objetivo de frenar la abrogación de la Ley 1341 que regula los Estados de Excepción.
La norma que abroga la mencionada Ley fue aprobada por el Senado el fin de semana y es tratada por la Cámara de Diputados este martes.
Según información de DTV, el recurso solicita el “restablecimiento inmediato de derechos y la nulidad del acto lesivo de aprobación normativa”, argumentando una presunta vulneración al debido proceso legislativo, al principio de proporcionalidad y a la prohibición de generar un vacío jurídico prevista en el artículo 139.III de la Constitución Política del Estado.
La acción fue presentada contra el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas. En el memorial se sostiene que durante el tratamiento del proyecto existió una afectación al debido proceso legislativo por una presunta falta de imparcialidad.
Advertisement:
El documento argumenta que la autoridad demandada habría participado como impulsor del proyecto y, al mismo tiempo, mantenido la conducción de la sesión en la que se debatió y aprobó la iniciativa, aspecto que el recurso vincula al principio nemo iudex in causa sua (“nadie puede ser juez en su propia causa”).
El memorial señala además que el proyecto aprobado busca la abrogación total de la Ley 1341 y sostiene que esa decisión generaría un “vacío jurídico inconstitucional”, debido a que el artículo 139.III de la Constitución establece que “los estados de excepción serán regulados por la ley”. En ese marco, el recurso menciona que la norma vigente regula escenarios relacionados con conmoción interna, desastres naturales y peligro para la seguridad del Estado y amenaza externa.
Dentro de la fundamentación, el accionante también cuestiona la proporcionalidad de la medida aprobada y argumenta que, de existir observaciones a determinados contenidos de la ley, debía analizarse una modificación parcial y no necesariamente una abrogación total. El documento diferencia entre derogación y abrogación y sostiene que esta última elimina íntegramente el cuerpo normativo.
Asimismo, el recurso indica que previamente se habría agotado la vía parlamentaria mediante la presentación de una moción de reconsideración, la cual —según el memorial— fue rechazada durante el tratamiento legislativo. Sobre esa base, se argumenta el cumplimiento del principio de subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional.
Como medida cautelar, el vicepresidente solicitó la “suspensión inmediata del trámite legislativo y de los efectos de la aprobación del proyecto de abrogación de la Ley N° 1341”, además de mantener vigente la norma mientras se resuelve el fondo del amparo. El memorial señala que la petición se sustenta en el artículo 34 del Código Procesal Constitucional y menciona riesgos vinculados a un eventual escenario sin regulación específica para estados de excepción.
En el petitorio final, la autoridad solicita admitir la acción, fijar audiencia, conceder la tutela constitucional y dejar sin efecto el acto legislativo aprobado en el Senado, además de ordenar que, si corresponde, el tratamiento del proyecto se realice bajo nuevas condiciones procedimentales
La Ley 1341, promulgada en octubre de 2020, regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y establece mecanismos de control legislativo sobre las decisiones del Órgano Ejecutivo.
Según la Constitución Política del Estado “el presidente puede declarar estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.
Este martes se cumplen 26 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos de La Paz, desde hace algunos días, los seguidores de Evo Morales exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de gobierno y El Alto.