Ante el bloqueo instalado por productores de la provincia Marbán en el puente San Pablo, en Beni, el Gobierno activó este miércoles las acciones preventivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, mientras mantiene abierta la vía del diálogo para buscar una solución al conflicto.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que una comisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se trasladará hasta la zona para establecer contacto con los sectores movilizados y procurar una salida al conflicto.
Justiniano remarcó que el Gobierno reconoce el derecho de la población a expresar sus demandas, pero sostuvo que cualquier movilización debe desarrollarse dentro del marco de la normativa vigente, sin afectar el derecho de terceros al libre tránsito.
“No vamos a permitir los bloqueos en ninguna parte del país”, aseguró.
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La autoridad gubernamental explicó que las acciones estatales se desarrollarán respetando el debido proceso y que ya se trabaja en la identificación de quienes convocan a este tipo de medidas, para que las instancias competentes determinen las acciones que correspondan conforme a ley.
“Estamos identificando a quiénes son las personas que están llamando a este tipo de situaciones que están prohibidas en el país para que, con el debido proceso, la justicia tome acciones”, advirtió.
Al mismo tiempo, el ministro señaló que el Gobierno busca evitar una escalada del conflicto y prioriza el entendimiento con los productores. “Es mejor siempre tratar estos temas como protestas pacíficas y buscar un entendimiento”, afirmó.
En ese marco, reiteró que el diálogo constituye una vía para atender las demandas, pero no implica renunciar al cumplimiento de la normativa ni a la obligación del Estado de garantizar la circulación por las rutas nacionales.
“Tengo la información también de que están dejando pasar algunos vehículos y el tema del bloqueo lo vamos a contrarrestar con una delegación de las Fuerzas Armadas, un despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía también, que está tomando acciones en ese sentido”, manifestó.
El conflicto se originó por el rechazo de productores al Decreto Supremo 5676, que indica que los grandes consumidores de diésel paguen Bs 18 el litro. Ante ello, los movilizados demandan su abrogación y mantienen una medida de presión en la ruta Beni-Santa Cruz.