Un grupo de parlamentarios de Chile solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción urgente de medidas de protección internacional en favor de la abogada boliviana Nadia Beller – expareja de Fernando Cerimedo, argentino que fue asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz-, y que sobrevivió recientemente a un ataque armado en Santa Cruz de la Sierra.
La presentación fue realizada con el conocimiento y consentimiento de Beller y busca que se evalúe el nivel de riesgo que enfrenta, además de impulsar medidas destinadas a resguardar su vida e integridad personal.
Los parlamentarios Andrea Parra (PPD), Daniel Manouchehri (PS), Juan Santana (PS), Lorena Fries (FA), Gonzalo Winter (FA), José Montalva (PPD) y Jaime Araya (PPD) firmaron la solicitud.
«Esta presentación se realiza con el conocimiento y consentimiento de la señora Beller y tiene por objeto solicitar, dentro de las competencias de cada organismo, una evaluación urgente del riesgo que enfrenta y la adopción de medidas efectivas para protegerla», señalaron.
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Precisamente por este caso, el exasesor del presidente Rodrigo Paz cumple detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz acusado del delito de tentativa de feminicidio. Además, tiene otra orden de detención, pero a cumplirse en La Paz, por enriquecimiento ilícito.
No obstante, los parlamentarios chilenos señalan que Beller “ha señalado públicamente que sospecha que su expareja, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo, podría estar relacionado con estos hechos. Esta imputación se encuentra sometida a investigación y no constituye, a la fecha de esta carta, una responsabilidad establecida mediante sentencia judicial”.
En concreto, los legisladores solicitaron al organismo internacional «que requiera al Estado de Bolivia adoptar de manera inmediata las medidas necesarias, efectivas e idóneas para garantizar la vida e integridad personal de Nadia Beller; prevenir actos de amenaza, hostigamiento, intimidación o represalia en su contra».
Asimismo, buscan que la abogada «pueda continuar desarrollando sus actividades sin sufrir actos de violencia; concertar con la beneficiaria y sus representantes las medidas específicas de protección; e investigar diligentemente los hechos que originan la situación de riesgo, a fin de evitar su repetición».
Los diputados subrayaron, además, que Beller “ha entregado públicamente antecedentes sobre presuntas redes de corrupción, operaciones políticas y digitales, estructuras dedicadas al manejo coordinado de cuentas en redes sociales y posibles conexiones internacionales”.
La acusación alude a una eventual participación de Cerimedo, conocido como “el rey de los trolls”, a quien se le incautó una “mini granja de bots” durante las diligencias de la investigación que busca esclarecer el ataque.
“(Beller) ha señalado que determinados dispositivos electrónicos incautados en el marco de investigaciones judiciales podrían contener información sensible sobre personas, organizaciones y operaciones desarrolladas en distintos países. La naturaleza de estas denuncias podría exponerla a represalias destinadas a impedir que continúe declarando, aportando antecedentes o colaborando con investigaciones nacionales e internacionales”, enfatiza la carta.
Finalmente, los diputados señalaron que la afectada manifestó “dudas sobre la influencia e independencia de las medidas de seguridad que actualmente podrían ofrecerle las instituciones públicas en Bolivia, particularmente la policía. Por esa razón, cualquier mecanismo de protección debería ser acordado directamente con ella”.