El diputado Manolo Rojas (PDC) anunció la presentación de un proyecto de ley mediante el cual propone ampliar por seis meses el estado de excepción.
“En mi proyecto de ley estoy solicitando que sea por seis meses más (la medida)”, señaló Rojas.
De acuerdo con las declaraciones del diputado, el proyecto es planteado ante las amenazas de protestas y bloqueos anunciadas por algunos sectores sociales, además de los posibles desastres naturales que podrían registrarse a causa del fenómeno de “El Niño”.
El legislador mencionó que los acontecimientos climáticos anunciados afectarán a distintos lugares del mundo y que Bolivia no será la excepción, por lo que consideró necesario mantener el estado de excepción para contar con una respuesta inmediata ante estos sucesos.
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“En algunos lugares hay sequía, en otros también las lluvias han azotado de sobremanera y, pues, han generado una pérdida muy grande, sobre todo para el tema del agro. Nosotros esperamos que, con este proyecto de ley de ampliación del estado de excepción, podamos tener la posibilidad de sostener y utilizar a los militares, a las Fuerzas Armadas, para socorrer a los más necesitados ante estos desastres naturales”, aseguró el legislador.
Ya el pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, planteó la posibilidad de ampliar el estado de excepción vigente ante las “amenazas” de algunos sectores sociales radicales que, dijo, buscan generar convulsión en el país.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse, porque quiere decir que hay grupos que continúan con la intención de desestabilizar la democracia”, afirmó.
Mediante el Decreto Supremo 5636, desde el 20 de junio entró en vigencia el estado de excepción ante las persistentes movilizaciones y bloqueos de caminos que impedían la libre circulación de alimentos, pacientes, medicinas y combustible en diferentes regiones del país.
La norma tiene una vigencia de 90 días, plazo que vence en la segunda quincena de septiembre, aunque permite su ampliación, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.