La cuestionada Sala Constitucional Tercera de El Alto definirá este lunes la constitucionalidad de la censura legislativa contra el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.
Espinoza fue censurado tras no asistir a su interpelación la pasada semana y después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazara sus justificaciones.
Empero, la, ahora, exautoridad presentó una Acción de Amparo Constitucional argumentando que la (ALP) aprobó su censura con apoyo de 2/3 de los legisladores presentes en la sesión y no del total del pleno. En suma, reclama que, en su manera de interpretar la Constitución, para la censura se necesitan 111 votos, pero en su caso se aprobó con 91.
“El artículo 158 de la Constitución establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la ALP. Entiendo que hoy se han logrado dos tercios de los legisladores presentes; habrá que ver cuál es la interpretación constitucional. Insisto, me apegaré a la Constitución y consultaremos al TCP si la decisión que ha tomado la Asamblea es constitucional o no”, afirmó Espinoza ese 18 de agosto.
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En ese sentido, la Sala Constitucional tercera de El Alto fijó su audiencia para este lunes; sin embargo, ésta es cuestionada por el legislativo, arguyendo un conflicto de intereses.
Y es que el senador Leonardo Roca (Libre) denunció que la hija del juez que tratará la causa trabaja en el Banco Central de Bolivia (BCB), institución que, precisamente, depende del Ministerio de Economía.
En ese sentido, Roca señaló que en ese contexto “ya podemos anticipar hacia dónde apunta esto”.
Empero, más allá de lo judicial, Roca alertó que revertir la decisión de la Asamblea creará un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Afirmó que si Paz restituye a Espinoza como ministro, “cualquier ley, decreto o iniciativa que salga de ese Ministerio nacerá viciada de origen, como una afrenta directa a la Asamblea”.
“Eso no es una advertencia caprichosa. Es una consecuencia institucional que usted mismo estaría provocando. Se convertiría en una pugna abierta entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un momento donde Bolivia necesita gobernabilidad, no otro frente de conflicto innecesario”, señaló.
Además, el 30 de abril pasado, el Senado Nacional acusó a la Sala Constitucional 3ra de El Alto, mediate resolución camaral N° 02672025-2026, de vulnerar la Constitución Política del Estado al haber dispuesto la suspensión de un acto de interpelación contra un ministro de Rodrigo Paz.
El Senado acusó a dicha Sala de causar un daño institucional al Estado Plurinacional, al alterar la relación funcional entre órganos del poder público y condicionar la actuación parlamentaria a un mandato jurisdiccional sin base constitucional, al haber dispuesto la suspensión temporal de un acto de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, a simple solicitud del convocado a un acto de interpelación.