Los choferes de La Paz realizarán un ampliado este lunes para decidir “orgánicamente” si van al paro nacional decidido por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia o acuden a dialogar con el Gobierno.
“Vamos a analizar el lunes a primera hora con las nueve federaciones regionales que tiene el departamento de La Paz si asistimos al diálogo o vamos al paro del martes convocado por la Confederación”, declaró el dirigente Edson Valdez en contacto con Unitel.
El dirigente aseguró que la decisión se decidirá de forma orgánica y serán las bases las que tengan la decisión formal.
“Somos orgánicos y vamos a respetar la decisión de las diferentes federaciones de La Paz. Por eso estamos convocando a este ampliado para socializar los alcances del ampliado nacional”, añadió.
Eso sí, Valdez reiteró que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos que firmó con los choferes y no ha dado soluciones a los problemas existentes, sobre todo, respecto a la calidad y abastecimiento del combustible y por eso, dijo, el sector decidió definir medidas de presión.
“Reiteramos que el Gobierno no está atendiendo a nuestro sector de transporte, por lo tanto, nosotros sí o sí tenemos que ir ya a las medidas de presión”, aseveró.
La semana pasada, tras un ampliado realizado en Santa Cruz, los sectores del transporte público y pesado determinaron entrar en un paro nacional a partir del próximo martes 5 de mayo.
El máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de los Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó que el paro del transporte será de manera escalonada. Iniciará con la medida de 24 horas este martes, en caso de no tener soluciones acatarán uno de 48 horas, luego de 72 horas y finalmente la medida será de manera indefinida.
“Este ampliado ha determinado un paro escalonado, primero de 24 horas que se va a realizar el martes de la próxima semana. En caso de no dar soluciones, se irá al paro de las 48 horas, finalmente 72 horas y un paro general indefinido”, aseveró Gómez.
Señaló que el sector exige que se garantice el abastecimiento del combustible, particularmente del diésel; la calidad de la gasolina; el arreglo de las carreteras; el resarcimiento inmediato por los daños ocasionados a los vehículos por los carburantes “desestabilizados”; y la reconversión de sus motorizados para que funcionen a gas.