El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió al alcalde saliente de Santa Cruz, Jhonny Fernández, irse con “dignidad” y no cumplir a la sentencia constitucional, la que considera es prevaricadora, respecto al caso del Mercado Mutualista.
“Alcalde Jhonny Fernandez, deje de insistir a través de su vocero, en querer cumplir algo que es prevaricador. Váyase con dignidad y deje que los buenos cruceños recuperen lo que le pertenece a la ciudad” (sic), escribió en su cuenta oficial en el Facebook.
Al filo de concluir su gestión, el alcalde saliente de Santa Cruz, Jhonny Fernández, es acusado de haber instruido la entrega del plano de uso de suelo y certificado catastral del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, en cumplimiento a una sentencia constitucional, lo que ha generado el rechazo de autoridades y comerciantes que se han declarado en vigilia en puertas de la Quinta Municipal.
Y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, la cual ordena a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra entregar la documentación técnica (planos de uso de suelo y certificado catastral) a la familia Crapuzzi, quienes reclaman ser los propietarios legítimos del predio valuado en 200 millones de dólares.
No obstante, el Presidente del TSJ aseguró que esa sentencia “se aleja del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, además de contener delito en su interior”.
“Juré cumplir la Constitución y las leyes, también juré dar justicia (…) Tal como lo dijimos, ya está presentada la denuncia por prevaricato ante el Ministerio Público”, acotó.
En ese sentido, un reporte de Unitel da cuenta que Saucedo presentó dos denuncias sobre el caso, uno penal ante la Fiscalía y otra disciplinaria, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y prevaricato.
Los denunciados son la jueza del municipio de Pailón, Mery Mojica, y los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, quienes suscribieron la Sentencia Constitucional Plurinacional 0531/2024-S3, con la cual se ratificó el fallo de una sala que trata la causa.
Según los antecedentes expuestos por Saucedo, la jueza Mojica admitió y dio curso a una acción de amparo constitucional sin tener competencia territorial, pese a que tanto el domicilio del accionante como el objeto litigioso se encontraban en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
“Ayer se han presentado dos denuncias, una en el Ministerio Público contra exmagistrados y la jueza de Pailón y otra denuncia disciplinaria contra otro juez que hubiera intervenido”, precisó Saucedo.