Antes de que diera inicio la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que analizará la aprehensión del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y los pasos a seguir para la elección de su sustituto, el Gobierno denunció que surgieron rumores que parlamentarios habrían vendido su voto a cambio de dinero proveniente del narcotráfico.
El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la elección de Roger Mariaca como Fiscal General, según “rumores y la información”, estuvo marcada por supuestos sobornos a algunos asambleístas.
Tenemos que lamentar que todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelve a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas, y es un tema que hoy vuelve a surgir”, sostuvo Gálvez.
En ese sentido, denunció que volvieron a circular rumores de que se estaría buscando comprar votos parlamentarios con “dinero del narcotráfico” para mantener el actual esquema institucional. Gálvez vinculó esas versiones con su denuncia general sobre una presunta penetración del narcotráfico en instituciones públicas.
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“Desde ayer (jueves) han vuelto a surgir los mismos rumores de que quieren comprar votos con dinero del narcotráfico para seguir manteniendo intacto el mismo esquema que fue amigo de (Sebastían) Marset y protegió los carteles más peligrosos de la región en nuestro territorio nacional”, señaló la autoridad.
El Vocero, asimismo, hizo un llamado a la ALP a aportar en la “reconstrucción” del Ministerio Público y de la justicia.
”Los bolivianos seremos testigos del nacimiento de una nueva etapa de la justicia, o de lo contrario, veremos otra vez su sometimiento”, afirmó.
La posición expresada por el Ejecutivo es que la Asamblea no debería concentrar el debate únicamente en aspectos procedimentales, sino adoptar una decisión que permita apartar temporalmente de sus cargos al fiscal general y a otras autoridades cuestionadas, mientras se desarrollan los mecanismos legales correspondientes y se define la designación transitoria de nuevas autoridades.