En un mundo marcado por la polarización, las múltiples crisis y las tensiones geopolíticas, la democracia continúa siendo el mejor sistema político creado por la humanidad, para la gestión política de los estados. En consecuencia, no debería entenderse, únicamente como un mecanismo para la participación política y la elección de autoridades a través del voto, sino también debe garantizar la igualdad ante la ley, la participación en los asuntos públicos y el bienestar de todas y todos.
Como advertía Norberto Bobbio, la democracia no puede reducirse a un conjunto de reglas procedimentales; requiere también una cultura política que reconozca la legitimidad del otro y garantice el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales.
En un país tan diverso, como es el caso de Bolivia, esa premisa adquiere una mayor importancia; la riqueza de nuestra historia, de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, de las organizaciones sociales y de las múltiples identidades regionales exige que la democracia sea, por definición incluyente, lo cual se refleja en el carácter Plurinacional del Estado. Por ello, la gestión política de una sociedad plural, implica comprender sus diferencias y construir consensos mediante el diálogo, antes que imponer decisiones por la fuerza o la exclusión.
La historia y los recientes acontecimientos demuestran que, con frecuencia, los gobiernos tienden a reinterpretar la democracia de acuerdo con sus propios intereses coyunturales, cuando el poder deja de reconocer al adversario como un actor legítimo y comienza a considerarlo un enemigo que debe ser neutralizado, la esencia misma del sistema democrático empieza a deteriorarse. La democracia pierde su carácter integrador y se transforma en un instrumento de concentración del poder.
Advertisement:
No cabe duda, de que el gobernante, en representación del Estado, tiene el deber constitucional de preservar el orden público, proteger a la población y garantizar la estabilidad institucional, responsabilidad indispensable para cualquier sociedad organizada. Sin embargo, se debe destacar una diferencia sustancial entre ejercer la autoridad dentro del Estado de derecho y convertir la acción estatal en un mecanismo de persecución política, estigmatización o exclusión social. Cuando el ejercicio del poder deja de distinguir entre quienes cometen delitos y quienes simplemente expresan posiciones políticas, sociales o sindicales distintas, el Estado comienza a debilitar los fundamentos de la democracia.
En este contexto, en la actual realidad política económica y social del país, amplios sectores indígenas, campesinos, obreros, mineros entre otros sectores populares han sido excluidos o sienten que han dejado de formar parte del proyecto nacional y perciben que son tratados como una amenaza antes que como sujetos de derechos. Una democracia que excluye o margina a una parte significativa, por no decir mayoritaria, de su sociedad, corre el riesgo de convertirse en una democracia secuestrada; un sistema que mantiene las formas institucionales, pero pierde progresivamente, una parte esencial de su razón de ser, como es su capacidad de representar e integrar al conjunto de las y los bolivianos.
En este sentido, se hace importante el planteamiento del autor, Robert Dahl, plantea que una democracia requiere no sólo elecciones libres, sino también participación inclusiva, igualdad política y oportunidades reales para que todas y todos sean escuchados. Cuando alguno de esos elementos desaparece, la legitimidad democrática comienza a erosionarse. De manera complementaria, Habermas plantea que la legitimidad del poder político depende de la existencia de un diálogo libre, donde los distintos actores puedan participar en condiciones de igualdad y sin temor a la coerción. Por lo tanto, la exclusión sistemática de determinados sectores importantes en el país rompe ese equilibrio y profundiza la polarización.
Bolivia, en diferentes momentos de su historia, ha experimentado momentos de quiebre institucional y polarización, que han alimentado ciclos de confrontación, resentimiento y desconfianza institucional. Cuando una parte de la sociedad percibe que el Estado ya no la representa ni la protege, inevitablemente surgen mecanismos de resistencia y fracturas que terminan debilitando al conjunto de la integridad del país.
Más allá de las diferencias ideológicas o de las disputas políticas, resulta indispensable construir un proyecto nacional compartido que permita reencontrarnos como sociedad, la estabilidad no puede descansar únicamente en el ejercicio de la autoridad; debe sustentarse en la legitimidad que nace del diálogo, del respeto mutuo y de la inclusión política.
El país, necesita recuperar una política de consensos, reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad, fortalecer la independencia de las instituciones y garantizar que ninguna persona o sector sea excluido de la vida democrática por razones políticas, sociales, culturales o ideológicas. La unidad nacional no significa uniformidad ni pensamiento único, sino reconocer que nuestra diversidad constituye la principal fortaleza del Estado Plurinacional
Recuperar nuestra unidad en la diversidad, para construir un proyecto país de bienestar, hoy más que nunca se constituye en el mayor desafío político de Bolivia.