El exalcalde de La Paz, Iván Arias, rechazó las acusaciones del actual burgomaestre, César Dockweiler, respecto a que durante su gestión hubo “ítems fantasmas” y hasta una “organización criminal” y anunció que iniciará un proceso penal por difamación.
“¿De qué ítems fantasmas habla este señor?, tendrá que demostrar (…) El señor ha dicho públicamente y sin pruebas que somos una organización criminal, le vamos a iniciar un proceso. Hemos entrado a trabajar, no a asaltar la Alcaldía”, aseveró el exalcalde de La Paz.
Arias, en ese sentido, recordó que es el líder de la segunda fuerza más votada en el municipio de La Paz en las últimas elecciones subnacionales, por lo que, señaló, Dockweiler “se está equivocando”.
Finalmente, la exautoridad señaló que “el único fantasma” es Dockweiler y criticó que la Alcaldía de La Paz “se ha vuelto un nido de fantasmas masistas”.
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La pasada semana, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que un operativo extraordinario de verificación de personal permitió identificar, de manera preliminar, 163 presuntos ítems fantasmas, situación que habría ocasionado una pérdida superior a 20 millones de bolivianos durante los últimos tres años en la Alcaldía de La Paz.
La autoridad explicó que los resultados forman parte de una investigación que continúa desarrollándose y que el número podría incrementarse conforme avance la validación de la información recopilada en distintas dependencias municipales.
“En este momento ya hay 163 personas que no marcaron, que no se acercaron a marcar, ni que tampoco firmaron. ¿Qué significa eso? Que hay 163 presuntos ítems fantasmas, que puede ir incrementándose de aquí en adelante”, manifestó en conferencia de prensa.
El operativo permitió revisar inicialmente 850 casos, de los cuales 163 corresponden a personas que no registraron asistencia ni pudieron ser verificadas físicamente en sus lugares de trabajo, motivo por el cual serán sometidas a un proceso de investigación individual. Según las estimaciones preliminares, estos contratos representarían alrededor de 600.000 bolivianos mensuales en salarios cuyo destino deberá ser esclarecido mediante las auditorías correspondientes.