El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) cumplió con el pago de Bs 82.179 correspondiente a beneficios sociales adeudados a un extrabajador municipal, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la autoridad competente, por lo que la orden de aprehensión contra el alcalde César Dockweiler quedaría sin efecto. La obligación corresponde a un proceso iniciado durante la anterior gestión edil y que fue heredado por la actual administración.
El alcalde César Dockweiler explicó que, desde el inicio de su gestión, el municipio ha recibido distintas notificaciones y órdenes judiciales vinculadas a obligaciones pendientes de anteriores administraciones, las cuales están siendo atendidas de manera progresiva y conforme a derecho.
“No es la primera y hemos venido resolviendo una a una. En este caso también, el día de hoy, se ha hecho ya la respectiva cancelación”, afirmó el burgomaestre ante los medios de comunicación.
La autoridad edil señaló que, en este tipo de procesos, las autoridades municipales deben dar cumplimiento a las determinaciones judiciales dentro de los plazos establecidos. En el caso referido, la orden otorgaba un plazo de 72 horas, por lo que el Gobierno Municipal procedió a gestionar los recursos necesarios para efectuar el pago correspondiente.
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“Cuando a nosotros nos notifican, ya es una orden judicial y nosotros tenemos que buscar el recurso de donde sea para poder cancelar o para poder pagar”, explicó.
La autoridad edil aclaró que el proceso está relacionado exclusivamente con el pago de beneficios sociales, un derecho laboral que debe ser cumplido de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
“Eso es innegociable. No hay posibilidad de negociar bajo otras circunstancias; esto se tiene que cumplir”, sostuvo.
En ese marco, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cumplió con la obligación de Bs 82.179, dando cumplimiento a la determinación judicial. Como consecuencia del pago efectuado, la orden de aprehensión queda sin efecto, conforme al procedimiento correspondiente.
El Alcalde remarcó que este caso no constituye un hecho generado por la actual administración, sino una obligación que fue heredada y que corresponde atender a la gestión vigente en el marco de sus responsabilidades institucionales.
“Hay muchos de estos casos que se han dado por incumplimiento de la anterior gestión y que el día de hoy nosotros tenemos que dar la cara”, manifestó.