La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) expresó su rechazo al nuevo fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratifica su obligación de pagar más de Bs 700 millones a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), y anunció que iniciará acciones legales para tratar de revertir la decisión.
A través de un comunicado, Soboce expresó su «formal y profunda disconformidad» con los alcances del fallo, al considerar que fue dictado «bajo un clima de amedrentamiento» y que incumple la tutela concedida previamente por una Sala Constitucional, la cual había identificado vulneraciones al debido proceso en la anterior resolución del máximo tribunal.
La empresa, asimismo, aseguró que el nuevo fallo reproduce las irregularidades que habían sido observadas previamente por la jurisdicción constitucional y que el TSJ no cumplió con el mandato de emitir una nueva resolución que reparara las vulneraciones identificadas por la Sala Constitucional de La Paz, que anteriormente había concedido una tutela a favor de la empresa al establecer que existieron afectaciones al debido proceso en un fallo previo del máximo tribunal ordinario.
Asimismo, sostuvo que el propio Tribunal Supremo reconoce varios de los argumentos técnico-jurídicos planteados por la empresa y por la Sala Constitucional, pero finalmente mantiene una decisión que, según la compañía, vuelve a vulnerar sus derechos constitucionales.
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La empresa también advirtió que el fallo genera incertidumbre para la inversión privada al afectar principios como la seguridad jurídica, la certidumbre y la proporcionalidad que, según señaló, deben regir en el ámbito empresarial.
En ese sentido, Soboce anunció que activará todas las acciones legales disponibles, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, para revertir la decisión, al considerar que persisten las vulneraciones a su derecho al debido proceso.
En su pronunciamiento, Soboce recordó además que el Estado boliviano mantiene pendiente desde hace más de 16 años el pago de la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa, dispuesta mediante el Decreto Supremo 0616 de septiembre de 2010.
Según la compañía, esa obligación supera actualmente los 290 millones de dólares y el proceso iniciado por Fancesa ha sido utilizado como una estrategia para postergar el pago de esa compensación.
En ese marco, indicó que se reserva el ejercicio de todos sus derechos tanto en el ámbito nacional como al amparo del derecho internacional.
El fallo
El Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en el proceso por competencia desleal y dejó firme la sentencia que ordena el pago de Bs 744 millones a Fancesa. Luis Edson Ayllón, gobernador de Chuquisaca, anunció que se iniciará acciones legales para ejecutar el cobro.
De esa forma se ratificó la decisión de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que hace dos años determinó que la cementera paceña de propiedad del Grupo Gloria del Perú, pague la millonaria cantidad por una demanda iniciada por la factoría chuquisaqueña, dentro de un proceso por competencia desleal.
El nuevo fallo fue dictado el 26 de junio de 2026 en cumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Delgado, que dejó sin efecto el anterior Auto Supremo 059/2025 y ordenó al máximo tribunal emitir una nueva resolución con mayor fundamentación sobre los agravios expuestos por Soboce.
En la nueva resolución, el TSJ concluye que ninguno de los agravios planteados por Soboce resultó evidente, por lo que mantiene firme la sentencia que dispone el pago de Bs 744.315.432 por los daños ocasionados a Fancesa como consecuencia de actos de competencia desleal.
Entre otros aspectos, sostiene que la excepción de prescripción fue presentada de manera extemporánea, que no existieron errores que justifiquen anular el proceso y que los cuestionamientos a la valoración de la prueba pericial carecen de sustento suficiente. Asimismo, considera legítima la participación de las instituciones copropietarias de Fancesa dentro del proceso.
La información se conoce poco después de que una investigación en España vinculara expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una supuesta trama de tráfico de influencias en el país.
Según la información, Zapatero hizo gestiones ante el Gobierno de Luis Arce para beneficiar al conglomerado peruano Grupo Gloria, en el litigio contra Fancesa.
En consecuencia, el Consejo de la Magistratura anunció una revisión disciplinaria de la actuación de los administradores de justicia que intervinieron en este caso.
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