El Gobierno, a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, reprochó las amenazas del Órgano Judicial de acatar un paro de 24 horas – que podría llegar a ser indefinido- y pidió que el futuro diálogo con los magistrados y consejeros de la justicia se centre en la reforma judicial y no en temas presupuestarios.
Este lunes, tras una reunión de emergencia, el Órgano Judicial dio un plazo de 20 días para que se atienda su demanda de un mayor presupuesto y amenazó con parar sus servicios a la población.
Gálvez, en conferencia de prensa, señaló que es un hecho inaudito que el órgano Judicial amenace con un paro y expresó su rechazo.
“Con respeto y firmeza, el poder Ejecutivo debe remarcar en esencia que el anuncio de un paro en el Órgano Judicial es un hecho inaudito y su sola mención es reprochable. Estamos seguro que la sociedad boliviana estará de acuerdo que la profunda crisis del situación judicial no se soluciona con un paro”, aseveró.
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En ese sentido, señaló que de llegarse al extremo de un paro judicial “las consecuencias serán de entera responsabilidad de quienes convoquen a esa medida”.
“Nunca en la historia del país ha sucedido algo así. Deberíamos cuestionarnos la motivación si es que esta se centra exclusivamente en un tema presupuestario… Nuestro Gobierno respeta plenamente la independencia de poder, pero es nuestro deber pronunciarnos, no estamos de acuerdo en que se adopten lógicas corporativas de corte sindical que ya le hicieron mucho daño al país”, afirmó.
Gálvez, en esa línea, reconoció que “todos los temas administrativos se pueden resolver en el marco de la cooperación y el respeto entre los Órganos del Estado”, pero pidió que el eje de la reunión sea la reforma de la justicia y no “el tema presupuestario”.
“Los recursos que administramos los distintos Órganos del Estado son del pueblo y su uso debe contribuir a resolver los problemas de fondo. Todo el pueblo enfrenta una crisis económica, necesitamos recortar los gastos públicos, pero eso no inhibe en la necesidad de atender las cosas relevantes”, cerró.
Jueces y vocales de todo el país determinaron crear una comisión nacional para el seguimiento y consolidación de las reivindicaciones del Órgano Judicial que exige un presupuesto mínimo del 5% del Tesoro General del Estado y la promulgación de sus proyectos de ley presentados para la modernización tecnológica de la justicia en beneficio de la población, entre otros pedidos.
En ese sentido, se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con entrar en un paro hasta indefinido.
“Los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de derecho los que somos garantes de una justicia en el país no somos atendidos, pero a los que bloquean los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden; entonces, ante esta situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta en ir a medidas de protesta de manera escalonada”, advirtió el presidente del TSJ, Romer Saucedo.