El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Marcelo Torrez, confirmó que se prevé que la Central Obrera Boliviana (COB) lleve adelante un ampliado nacional el próximo 18 de enero.
Del encuentro, que se desarrollaría en Sucre, participarán todas las dirigencias del país para debatir respecto a la Ley antibloqueo, pese a que la propuesta normativa está paralizada hasta el próximo mes para poder socializarla.
“Más allá de hablar de bloqueos tiene que hablarse del problema central y es que muchas veces el gobernante no tiene la capacidad de resolver problemas”, sostuvo.
Entretanto, la Comisión Integrada del Senado decidió posponer el tratamiento de la ley que busca sancionar a los bloqueos para su socialización con diversos sectores.
Según se informó este miércoles, el tratamiento se suspenderá hasta las primeras semanas de febrero, “con el fin de socializarlo con los diferentes sectores sociales del país”.
En ese lapso, se realizarán audiencias públicas para escuchar los “requerimientos y posiciones” de los diferentes sectores sociales con el objetivo de tener un proyecto de ley “realmente recogido desde las bases sociales del pueblo boliviano que exigen”.
El objetivo de esta pausa, indicó la comisión, es garantizar que la norma cuente no solo con legalidad, sino también con legitimidad social.
En ese sentido, se ordenó al secretario de la comisión enviar una carta abierta a todos los sectores sociales para coordinar una agenda de audiencias públicas para recoger información de los departamentos del interior del país.
“Vamos a recabar toda la información suficiente necesaria para que tenga fuerza de ley y no pueda ser observada por ningún sector social, porque vamos a cumplir con lo que el pueblo mismo está pidiendo”, señaló la comisión.
Entretanto, la senadora Claudia Mallón (APB-Súmate), proyectista de una de las propuestas, argumentó que la iniciativa no tiene el objetivo de sancionar el derecho a la protesta, sino los bloqueos que golpean a los diversos actores de la economía boliviana.
“Este proyecto de ley no permite criminalizar o cercenar el derecho a la protesta, pero nunca más los bloqueos en Bolivia”, señaló.