El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó a la Justicia de su país retirar de una investigación un informe policial que hace referencia a presuntas actividades vinculadas con Bolivia. Su defensa argumentó que el documento contiene información que no guarda relación con los hechos bajo investigación y que afecta su derecho a la intimidad.
En un documento al que tuvo acceso EFE, la defensa solicita medidas urgentes para impedir la divulgación indiscriminada de datos personales. Esta petición surge luego del informe policial fechado el 22 de junio, que incluyó las agendas completas y numerosas conversaciones privadas de WhatsApp del expresidente.
La principal causa de esta reclamación es la solicitud de la defensa para devolver a la UDEF su último informe. En ese documento, la policía apunta que Zapatero habría participado en una “dinámica de intermediación e influencias” ante las autoridades bolivianas para favorecer al grupo empresarial peruano Gloria, supuestamente a cambio de una compensación económica de 200.000 euros durante los años 2024 y 2025.
La defensa exige que estos datos se descarten totalmente, argumentando que constituyen “hechos ajenos” a la base penal del caso y resultan de una investigación prospectiva (una indagación general en busca de delitos sin indicios específicos previos), que no cuenta con la autorización judicial requerida por la ley.
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El documento policial es parte del expediente judicial y analiza actividades desarrolladas por el exmandatario en América Latina.
La postura del expresidente Arce
A través de una carta publicada en sus cuentas en las redes sociales y desde su detención en el penal de San Pedro de La Paz, el expresidente Luis Arce negó haber influenciado o intercedido en el conflicto legal entre Fancesa y Soboce y aseguró que su relación con el exmandatario de España, José Luis Rodríguez Zapatero, fue “institucional y política”.
De acuerdo con publicaciones periodísticas nacionales e internacionales, en España se abrió una investigación contra el expresidente Rodríguez Zapatero por un presunto caso de tráfico de influencias, debido a que habría recibido más de 200.000 dólares para influir ante el entonces Gobierno de Luis Arce en una sentencia que liberó a Soboce de pagar 107 millones de dólares a Fancesa.
En el escrito, Arce recuerda que el conflicto legal no se generó durante su Gobierno y que en su gestión la Procuraduría apeló la decisión judicial que concedió una tutela a Soboce, misma que aún se encuentra en el tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pendiente de sentencia.
“Por lo que, NO se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE en relación a este caso con FANCESA, pues la última palabra debe ser emitida por el TCP. Si el TCP revoca la tutela, la condena de Bs 744 millones contra SOBOCE recobra vigencia ejecutoria. Si la confirma, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitir nueva resolución” (sic), señala el expresidente.
En ese sentido, Arce aseveró que su relación con el expresidente Rodríguez Zapatero fue “institucional y política”.
“Las últimas conversaciones que sostuve con él fueron en el marco de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna por la que atravesaba el MAS-IPSP. La reunión que sostuve con el expresidente Rodríguez Zapatero en 2024 en La Paz abordó la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes de Evo Morales, y el planteamiento de unidad del movimiento popular que habíamos planteado junto a organizaciones sociales y sindicales, anteponiendo los intereses del pueblo boliviano a cualquier interés político personal, esto con miras a las elecciones nacionales de 2025”, afirmó.
El caso
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España reveló en un nuevo informe que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir ante el Gobierno de Bolivia en favor de un grupo peruano (Grupo Gloria) que tenía problemas con la justicia del país.
Los agentes creen que Zapatero cobró de forma camuflada por labores de consultoría a través de una empresa interpuesta (Focus Social Research) lo que, en realidad, fue la intermediación para que el grupo peruano no pagara una multa de 107 millones de dólares (unos 93 millones de euros) a la que había sido condenado.
La UDEF sostiene que “la concatenación de hechos acreditados” lleva a inferir la “existencia de una dinámica de intermediación e influencias” orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria con un “contrato simulado”. Fuentes del entorno del expresidente aseguran, sin embargo, que se trató de una consultoría legal y que sería “inaceptable” una investigación “prospectiva” de la tarea profesional histórica de Zapatero.
En el documento, revelado por El País de España, investigadores dan cuenta al juez José Luis Calama de nuevos hallazgos encontrados en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, y en la agenda del expresidente que fue incautada en el registro a su oficina. De su examen, la UDEF detalla reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, como el propio expresidente, Luis Alberto Arce, y los exministros de Economía y Justicia, Marcelo Montenegro y César Siles, respectivamente, además del procurador general del Estado, Ricardo Condori.
El informe refleja que Zapatero firmó un contrato de consultoría por 200.000 euros en tres plazos cuya finalidad, supuestamente y según los agentes, tenía más que ver con un ejercicio de influencias: resolver los problemas judiciales del Grupo Gloria en Bolivia ―un conglomerado de empresas con base en Lima (Perú) y con inversiones en países de América en múltiples sectores como alimentos, cementos, papeles, cartones o transportes―, donde una de sus empresas, Soboce (Sociedad Boliviana de Cementos S.A.), había sido condenada a pagar unos 107 millones de dólares por competencia desleal. Así, los agentes destacan que, de las conversaciones analizadas, se desprende que los servicios prestados por Zapatero euros “no guardan relación” real con Focus Social Research (la empresa que le paga), que “estaría orientada al marketing”.
La UDEF asegura en el informe que este descubrimiento apuntala “los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. En línea con el patrón que identificaron respecto al rescate de la aerolínea Plus Ultra, los investigadores indican que Gertrudis Alcázar “tendría un papel relevante”, por “su intervención en la gestión de las comunicaciones” y “el intercambio de documentación”, así como por su dominio de la agenda. Fuentes del entorno del que fuera líder del PSOE insisten en que “es un escándalo sin precedentes que se publiquen agendas y conversaciones privadas” de quien ha dirigido el Gobierno español.