Este martes, se aprehendió al juez Michael Ortega de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz,después de que admitiera una acción presentada por Acción Democrática Nacional (ADN) para tratar de revertir la pérdida de su personería jurídica.
La detención se fundamenta en la presunta comisión de irregularidades al admitir una acción de amparo constitucional vinculada al Partido de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Según las investigaciones preliminares, el magistrado habría vulnerado los procedimientos legales al intervenir en un caso donde carecía de competencia territorial y electoral.
Según las investigaciones preliminares, el magistrado habría vulnerado los procedimientos legales al intervenir en un caso donde carecía de competencia territorial y electoral.
“No habría razón para que esta autoridad haya admitido ese tipo de recurso en esa jurisdicción, cuando existe una ley especial que establece cuáles son los mecanismos que deben cumplir las autoridades jurisdiccionales”, afirmó el fiscal Alfredo Melgar.
La autoridad fiscal no especificó el delito por el cual fue aprehendido el juez y señaló que se procederá a tomar su declaración informativa, luego de que fuera conducido a dependencias policiales en Santa Cruz de la Sierra.
Sobre el caso, horas antes se conoció que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra el juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas, por haber admitido una acción de amparo constitucional que busca frenar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), pese a no tener competencia territorial ni electoral, una actuación que -según el Órgano Electoral- pone en riesgo el principio de preclusión y el normal desarrollo de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026.
En el memorial remitido al Consejo de la Magistratura, Ávila expone que el juzgado de Cuatro Cañadas admitió y pretende conocer una acción de amparo constitucional interpuesta por un ciudadano contra la Sala Plena del TSE en abierta contradicción con las reglas constitucionales y legales de competencia territorial.
El presidente del Órgano Electoral informó que el mismo 19 de enero el TSE planteó una declinatoria de competencia con carácter previo, advirtiendo de manera expresa al juez que insistir en el conocimiento del caso daría lugar a la activación de acciones legales y disciplinarias.
Sin embargo, según la denuncia, el juzgado habría persistido en tramitar la causa, pese a la advertencia formal.
Entre las irregularidades detectadas, el TSE señala notificaciones extemporáneas vía WhatsApp, sin respetar los plazos mínimos para la preparación de defensa; la inobservancia de las reglas de competencia territorial, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en La Paz, sede del TSE, y que la organización política presuntamente afectada tiene domicilio en Santa Cruz; además del desconocimiento de la legitimación activa en materia electoral, ya que la acción fue presentada por un ciudadano a título individual, sin acreditar representación legal de la alianza política involucrada.
La denuncia también advierte sobre el riesgo de afectar el principio de preclusión electoral, ya que el accionante solicita medidas que podrían suspender actos del calendario electoral de las subnacionales 2026, un extremo que -según el TSE- vulnera compromisos institucionales asumidos entre los Órganos electorales y judiciales para garantizar la continuidad del proceso democrático.
// Oxígeno con información de El Deber y Erbol