La Fiscalía Departamental de Tarija informó este lunes que se notificó por edicto a Evo Morales para el juicio por el caso de trata y tráfico de personas que se sigue en su contra.
El fiscal departamental José Mogro explicó que Morales, mediante su abogado, presentó un apersonamiento ante el tribunal del caso, indicando un domicilio en el Trópico de Cochabamba, pero al no haber podido ser encontrado, se dispuso publicar el edicto mediante la prensa, según reportó Erbol.
La autoridad explicó que una vez emitido el edicto, Morales tiene 10 días para presentar descargos y ese plazo fenecería esta semana.
“Tengo entendido, si no mal recuerdo, que esta semana ya se vencen los 10 días que tiene para presentar su prueba de descargo y conforme a eso el tribunal ya tendrá que señalar fecha y hora para el juicio oral”, detalló Mogro.
Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata y tráfico de personas, acusado de haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.
El proceso fue iniciado por la Fiscalía Departamental de Tarija y para evitar su aprehensión Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde 2024, protegido por una “seguridad sindical” formada por sus seguidores.
En febrero pasado, a través de un extenso mensaje en sus cuentas en las redes sociales, Morales afirmó no ser “prófugo ni impune” de la justicia y se declaró “víctima de una brutal persecución política”.
“No soy prófugo ni impune. Soy víctima de una brutal persecución política que empezó con el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó con el gobierno traidor de Luis Arce y sus ministros que montaron un consorcio jurídico delincuencial”, señaló Arce.
Morales aseguró que la orden de aprehensión en su contra fue emitida por “un juez nombrado por los usurpadores y autoprorrogados del TSJ y TCP” y “una fiscal que prevaricó y acató órdenes políticas del gobierno de Arce sólo para aniquilarme política, moral y electoralmente”.
“Fui condenado y linchado mediáticamente por un delito inexistente y sin una supuesta víctima. Reabrieron un caso cerrado por falta de pruebas y se inventaron otro delito: Trata. No respetaron el mandato constitucional y universal de presunción de inocencia ni el debido proceso. El Gobierno de Lucho y la exfiscal Sandra Gutiérrez -verdaderos autores de Trata- están impunes porque la Fiscalía del Estado ni siquiera abrió la investigación ante la denuncia de la víctima”, señaló.