Harvard trajo nuestros datos. No entendió la realidad.
Cuando leí por primera vez el estudio del Growth Lab de Harvard sobre la minería boliviana, pensé que tendría un insumo serio para el trabajo.
Y al principio me pareció que sí: los gráficos son claros, las comparaciones regionales son útiles, el diagnóstico general coincide con lo que muchos en el sector llevamos años viendo. Pero después hice lo que cualquier abogado hace con un documento que pretende ser la base de una decisión importante: lo revisé fuente por fuente, dato por dato, propuesta por propuesta. Y lo que encontré me preocupa. No porque Harvard sea incompetente sino porque un documento con ese sello tiene el poder de orientar decisiones políticas, y si las decisiones se basan en un diagnóstico incompleto, las consecuencias las pagan personas reales.
Los datos que ya teníamos.
Las cifras rescatables del estudio provienen de fuentes públicas bolivianas. Chile exporta 2.820 dólares en minerales por habitante, Perú 1.362, Bolivia 295. El dato sale de UN Comtrade, una base de datos gratuita y abierta. La estructura del sector (48% producción privada, 43% cooperativas, 9% estatal) sale del Ministerio de Minería y Metalurgia, que la publica en su Dossier Estadístico.
La productividad por trabajador (371.596 dólares anuales en el sector privado contra 16.141 en cooperativas) es una división simple con los mismos datos ministeriales. Los tramos de regalías que llevan casi veinte años obsoletos están escritos en la Ley 535, que cualquiera puede leer en línea.
Nada de eso es investigación original. Es compilación. Compilación necesaria, porque ninguna institución boliviana se había tomado la molestia de organizar sus propios datos en un formato legible y ponerlos en contexto regional.
Aparentemente existe un problema de método que distorsiona la conclusión central del estudio: Harvard reúne todos los minerales en un solo índice de «producción real» y concluye que Bolivia produce lo mismo que en 2014. Pero el zinc que sale en trenes y camiones con treinta toneladas de concentrado hacia los puertos chilenos no es el mismo fenómeno económico que el oro que sale en mochilas desde los ríos de la Amazonía.No tienen la misma cadena logística, no responden a los mismos incentivos de precio, no se producen con la misma tecnología ni por los mismos actores. Promediarlos como si fueran una sola cosa es como promediar el ingreso de una familia donde un hijo pasó de ganar mil a ganar diez mil dólares y concluir que nadie trabajó más: solo subieron los sueldos. Pero si miras a los otros hijos por separado, quizás descubres que dos de ellos sí están trabajando más, solo que el aumento del primero es tan grande que al promediar los invisibilizas.
Otro problema: Harvard afirma que el 60% del territorio boliviano permanece «inexplorado,» citando un diagnóstico de UDAPE que en realidad corresponde a 2022 (no a 2023 como indica la bibliografía) y que lo que dice es que SERGEOMIN ha completado la carta geológica en el 39,1% del territorio. Pero «sin carta geológica de SERGEOMIN» no es lo mismo que «inexplorado.» Cuando descompones ese 60% y restas las áreas protegidas (23% del territorio), los territorios indígenas titulados (22%), los salares constitucionalmente reservados, los cuerpos de agua, las tierras bajas amazónicas sin potencial minero significativo, lo que queda es un porcentaje mucho menor de territorio donde la exploración tendría sentido y no se ha hecho. Harvard presenta el 60% como si fuera potencial minero bloqueado por la regulación. En realidad es en gran parte territorio donde la minería no es viable por razones geográficas, ambientales o constitucionales que ninguna reforma legislativa va a cambiar.
La pregunta incómoda no es si Harvard hizo bien su trabajo. Es por qué tuvo que venir Harvard a decirnos lo que el Ministerio de Minería, UDAPE y el propio SERGEOMIN tenían en sus archivos y no supieron o no quisieron articular.
Lo que Harvard no vio porque no estaba ahí.
Más allá de los datos, lo que el estudio revela es que fue escrito desde afuera. No desde afuera del país (los autores estuvieron en Bolivia), sino desde afuera del sector. Desde la academia, no desde la operación. Algunos ejemplos que lo ilustran.
Harvard dice que los contratos administrativos mineros no pueden usarse como garantía financiera y que eso impide el financiamiento de proyectos. Es una afirmación que se repite mucho en la literatura comparada, pero en Bolivia la realidad la desmiente.
Una subsidiaria boliviana de una empresa canadiense listada en bolsa se registró como emisor de bonos ante la autoridad financiera boliviana (ASFI) en 2023 y se financió a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Otra empresa canadiense compró activos mineros bolivianos de una multinacional adquiriendo las acciones de las subsidiarias locales, no transfiriendo contratos. Estos son solo dos ejemplos públicamente conocidos de como los operadores encontraron la forma de financiarse y de transferir activos dentro del marco legal vigente, sin necesidad de que el contrato se llame «concesión» ni de que sea hipotecable. El sistema no funciona como dice el manual, pero funciona.
Harvard quiere que los contratos vuelvan a ser concesiones «colateralizables» para que los bancos internacionales presten contra ellas o poniéndolas como garantía.
La idea suena lógica en un teoría, pero yo mismo participé en lo que probablemente sea el único caso documentado de un banco norteamericano intentando rematar una concesión minera en Bolivia hace ya más de 20 años. El resultado: parte de la garantía se remató a un solo postor, las acciones dadas en prenda no se pudieron embargar, el sindicato entró al proceso civil, y el banco terminó perdiendo millones de dólares. Y eso fue bajo el régimen de concesiones que Harvard añora. Porque el problema nunca fue el nombre del instrumento.
El problema principal no es el nombre del título que asegura la propiedad del recurso, en la práctica es que en Bolivia los trabajadores cobran antes que el banco. La legislación laboral boliviana da privilegio a los créditos de los trabajadores (salarios, beneficios sociales, indemnización) sobre cualquier acreedor, incluido el que tiene garantía hipotecaria. Si una mina se remata, los trabajadores cobran primero. El banco cobra lo que sobra.
Y en un país donde los mineros dirigen la Central Obrera Boliviana, un conflicto laboral en una mina no es un problema empresarial, es un problema de Estado. Eso lo sabe cualquier abogado que hubiese pisado un juzgado minero en Potosí u Oruro.
Harvard propone crear un regulador minero independiente como si fuera una idea nueva. Bolivia ya tuvo uno: La Superintendencia General de Minas bajo la Ley 1777 el superintendente tenía mandato de siete años, designación por mayoría senatorial e inamovilidad equivalente a la de un magistrado.
Las minas que hoy producen obtuvieron sus concesiones bajo ese sistema. Fue eliminada en 2014 por la misma Ley 535 que Harvard quiere reformar.
Harvard propone reorientar COMIBOL como «facilitador de proyectos investibles.» Pero COMIBOL ya funciona así: varias empresas privadas operan minas bajo acuerdos de asociación donde COMIBOL pone las áreas y el privado pone el capital, la tecnología y la gestión. El modelo existe, lo que falta es estandarizarlo, no reinventarlo.
Harvard propone compartir información geológica con los servicios geológicos de países vecinos, particularmente Chile. No menciona que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978 ni que Bolivia perdió un caso ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile en 2018. Proponer acuerdos de cooperación geológica con un país con el que se tiene una disputa histórica no es un trámite técnico. Es geopolítica, y Harvard la trata como si no existiera.
Y sobre las cooperativas, Harvard calcula que su productividad es veintitrés veces menor que la del sector privado y concluye que son un problema de eficiencia que se resuelve con integración al sector formal. Es como un médico que diagnostica jaquecas sin notar que el paciente tiene dos cabezas.
Las cooperativas no son empresas privadas ineficientes. Son un fenómeno social, político y económico completamente distinto que emplea a 152.000 personas, produce casi todo el oro del país, triplicó su fuerza laboral en veinte años y tiene la capacidad de paralizar Bolivia. Medirlas con los instrumentos del sector privado y recetar «mejoras de productividad» es no entender qué se está mirando.
Lo que pasaría si alguien le hiciera caso.
Pero lo que más preocupa no es lo que el estudio ignora. Es lo que propone.
La reforma que Harvard diseña para atraer inversores que todavía no existen desestabilizaría a los que ya están operando, produciendo, exportando y pagando regalías. Abrir la Ley 535 para una reforma integral de seis pilares simultáneos somete a todos los operadores actuales a una incertidumbre legislativa que puede durar años. Es como un médico que para desarrollar la vacuna decide matar a los pacientes que todavía están sanos.
Harvard recomienda reformar la estructura de regalías hacia un régimen progresivo vinculado a la rentabilidad de las empresas. Para entender por qué eso es un problema hay que saber algo que el estudio no menciona: las regalías mineras no van al gobierno central. Van 85% a las gobernaciones departamentales y 15% a los municipios productores. Potosí recibió más de 1.057 millones de bolivianos en regalías en los primeros diez meses de 2025. Con ese dinero la Gobernación financia escuelas, sistemas de agua potable, alcantarillado, caminos, electrificación. El 67,8% de su gasto corriente son salarios de funcionarios públicos que no se pueden recortar.
Bajo el sistema actual, las regalías bajan cuando bajan los precios pero no desaparecen mientras haya venta de mineral.
Bajo el sistema que Harvard propone, cuando la empresa deja de ser rentable la regalía vinculada a utilidades llega a cero. Pensemos en lo que eso significa en la vida real. Cuando los precios de los minerales caen, la mina reduce producción. Despide trabajadores. Contrata menos servicios locales. El comercio del pueblo minero se paraliza. La gente necesita más del Estado, no menos. Necesita que la escuela funcione, que el centro de salud tenga medicinas, que el agua llegue.
Pero bajo la reforma de Harvard, exactamente en ese momento, la Gobernación deja de recibir regalías. El dinero desaparece cuando más se lo necesita. Y los 42 municipios de Potosí, que dependen de ese 15% de regalías para sus servicios básicos, también lo pierden. Sin una política pública alternativa que cubra ese vacío, eso no es un ajuste técnico, es dejar a comunidades enteras sin servicios en el peor momento posible.
Y eso no es solo un problema humanitario. Es exactamente el tipo de consecuencia social que empuja el péndulo hacia el otro lado.
Cada vez que una reforma liberal generó costos que la población sintió en carne propia, la respuesta fue una reacción política en sentido contrario. Harvard lo reconoce en su propio texto al escribir que Bolivia tiene «una historia de oscilación entre enfoques liberales de mercado y períodos de dominio estatal» («Bolivia has a history of swinging between market liberal approaches and periods of state dominance»). Pero después de escribirlo, propone una reforma que podría producir exactamente la próxima oscilación.
El propio Banco Mundial encargó en 2003 una revisión independiente de lo que pasaba cuando sus programas promovían la apertura de sectores extractivos en países en desarrollo. La conclusión fue incómoda para el Banco: en Perú, en Tanzania, en Indonesia, la secuencia de abrir primero a la inversión privada y después fortalecer las instituciones de control había generado costos ambientales y sociales que las comunidades afectadas pagaron sin haber sido consultadas. Esos costos produjeron resistencia política, y esa resistencia terminó revirtiendo las reformas.
Es exactamente el ciclo que Bolivia vivió entre el Código de 1997 y la Ley 535 de 2014. Harvard no cita al Banco Mundial. Y propone exactamente la secuencia que el Banco identificó como fallida: reformar los derechos mineros, abrir el territorio, cambiar el régimen fiscal, todo al mismo tiempo, y dejar el fortalecimiento institucional para después.
Harvard también propone actualizar los tramos de regalías del oro, que están fijos con el tope activándose a 700 dólares la onza desde 2007. El oro hoy supera los 3.000 dólares. Actualizar esos tramos sube la carga a los productores de oro, y el 66% de la producción de oro es cooperativa. Las cooperativas son 152.000 familias con peso electoral que históricamente han demostrado capacidad de movilización. Lo que Harvard presenta como un ajuste fiscal es, en la práctica boliviana, una decisión política de primera magnitud.
Lo que sí trajo Harvard.
Lo que Harvard trajo es algo que quizás no se propuso: la oportunidad de que los miles de bolivianos que trabajamos en minería empecemos a hablar del tema con la seriedad que merece.
Digo esto porque yo mismo empecé a leer este estudio convencido de que sería útil. Y a medida que fui verificando cada dato, cada fuente, cada propuesta, lo que encontré fue que las fuentes públicas bolivianas son más ricas de lo que pensaba, que la práctica operativa del sector ya resolvió problemas que Harvard cree irresolubles, y que las recetas importadas pueden hacer más daño que la enfermedad que pretenden curar.
Bolivia no necesita que le digan desde afuera lo que está mal. Lo que necesita es dejar de esperar que alguien venga a decírselo y empezar a construir las respuestas con la gente que conoce el sector porque lo vive todos los días.
El péndulo no se detiene con un paper. Se detiene cuando los que estamos adentro dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a trabajar con lo que tenemos.
Esta es la segunda de tres entregas de la serie «Harvard y el péndulo». La primera analizó las debilidades del estudio. La tercera propondrá cómo usar lo que sí sabemos sin volver al péndulo.