El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó la necesidad de abrir un debate amplio para la construcción de una nueva ley integral sobre la propiedad de la tierra en Bolivia que contemple aspectos referidos a la extranjerización, el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y la incorporación del componente ambiental, ante el incremento de tensiones en torno a la temática agraria.
“Hay que discutir una ley integral con los siguientes temas: primero, regular el mercado de tierras (…), revisar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) e incorporar el componente ambiental en la legislación agraria, si no tocamos estos temas con la integralidad necesaria, se puede generar un espacio de alta conflictividad”, afirmó el Defensor del Pueblo.
En esa línea, la autoridad destacó la importancia de revisar la regulación de la extranjerización de la tierra y cuestionó la vigencia de criterios históricos en la clasificación agraria, señalando que estos datan de 1953, lo que evidencia la necesidad de su actualización en función de las actuales dinámicas productivas, sociales y ambientales, en resguardo de los derechos colectivos.
Respecto al conflicto en curso por la movilización de sectores provenientes del norte del país, Callisaya informó que se intentó instalar un espacio de diálogo en la localidad de Collana; sin embargo, este no prosperó, mientras la marcha continúa hacia la sede de gobierno.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo mantiene labores de monitoreo y seguimiento permanente, del desplazamiento de campesinos del departamento de Pando, quienes actualmente se encuentran en la población de Inicua, próxima a Palos Blancos, en cumplimiento de su mandato de prevención de conflictos y protección de derechos humanos.
Finalmente, el Defensor del Pueblo instó tanto al Órgano Ejecutivo como a los actores movilizados a extremar esfuerzos para retomar el diálogo, destacando que el tema agrario “ha generado múltiples movimientos a lo largo de la historia de nuestro país” y que su abordaje requiere consensos amplios, con enfoque de derechos humanos, para garantizar la paz social y la estabilidad democrática.